El primer caso surgió después de que vecinos de San Lorenzo denunciaran a Linares Rojas, el 20 de diciembre del 2012, porque la comuna supuestamente pagó más de 58 obras que no se ejecutaron.

Dicho jefe edil amenazó el 8 de julio del 2013 al periodista y corresponsal de Prensa Libre, Danilo López —quien murió en un ataque armado el 10 de marzo último—; por la publicación en donde se dio a conocer que la comuna de San Lorenzo, Suchitepéquez, habría ejecutado Q2.8 millones en obras inexistentes.

Retirar inmunidad

En su informe remitido a la Sala Regional Mixta de Retalhuleu, el juez pesquisidor José Domingó Calí Chex recomendó que debía declararse con lugar la solicitud de antejuicio contra Linares Rojas por haber indicios de la posible comisión de delitos por parte del jefe edil.

En la resolución de la Sala consta parte del informe del juzgador a cargo de la investigación y con base en la inspección ocular que llevó a cabo el juez de Paz, en el lugar donde supuestamente se ejecutaron las obras, indicó: “Se puede corroborar que efectivamente las obras que según indicaron fueron realizadas, generando con ello la facturación y entrega de cheques de obras y proyectos que no se culminaron ni tampoco se realizaron, lo que tuvo como consecuencia que las arcas ediles salieran pagos a empresas y personas individuales en obras que jamás se realizaron ni mucho menos se hubieran culminado”.

Pese a la recomendación del juez pesquisidor, los exmagistrados aludidos en la resolución justifican que se debió contar con un dictamen de la Contraloría General de Cuentas (CGC) debido a que esa institución cuenta con expertos para determinar si las obras se ejecutaron o no.

Para declarar sin lugar la solicitud de antejuicio, la Sala justificó su fallo en que “el mismo juzgador en sus diligencias indica que él no tiene el conocimiento necesario y las herramientas idóneas para la realización de las diligencias encomendadas por el pesquisidor”.

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