Los liberados fueron entregados a los miembros de una comisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que llegó a dialogar con los líderes de la comunidad.

Los retenidos llegaron el mediodía del miércoles último a la comunidad La Unión para medir 14.2 caballerías de tierra que reclama como propiedad Juan Anleu Urízar, quien era representado legalmente por José Antonio Recinos, quien iba acompañado de su padre Rogelio.

Al ver tal situación, los comunitarios se molestaron porque indican que poseen documentos del extinto Instituto Nacional de Tecnología Agraria, a través de los cuales los hace propietarios de dicho territorio, por lo que decidieron retener a los integrantes de la comisión.