Justicia

CC retrasa dos antejuicios

La CC retrasa dos antejuicios, ya que no ha resuelto en definitiva amparos promovidos contra los diputados Gudy Rivera del PP y Mario Rivera deLíder.

Por Hugo Alvarado

Los antejuicios son promovidos contra los parlamentarios, el primero por tráfico de influencias y el segundo por lavado de dinero.

El Ministerio Público interpuso las acciones después de que la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara las solicitudes de antejuicio contra los parlamentarios.

El 17 de diciembre del 2014, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron un amparo contra el diputado del PP, y el 18 de marzo pasado se llevó acabo la vista pública en la CC. Y contra el parlamentario de Líder se presentó similar acción en agosto del 2014.

Esto significa que en el primero caso están por cumplirse seis meses sin resolver, y en el segundo, nueve meses.

Ambos procesos estaban a cargo del exmagistrado de la CC Alejandro Maldonado Aguirre, quien ahora es vicepresidente de la República.

Lavado de dinero y otros activos

  • Comete ese delito quien por sí o por interpósita persona invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.

Gloria Porras, presidenta de la CC, informó que ya solicitó a la magistrada María de los Ángeles Araujo que en los próximos días presente la propuesta al pleno en relación con el caso de Rivera Estrada. El otro expediente lo desconoce.

Expuso que en su plan de trabajo implementó una metodología que en mes y medio se pondrán al día con los expedientes que tienen por resolver.

los procesos

Christian Ulate Durán, abogado de la Cicig, indicó que accionaron en el máximo tribunal contra la resolución de la CSJ, ya que los magistrados debieron haber fundamentado por qué denegaban la solicitud de antejuicio contra Rivera.

Explicó que se presentaron las pruebas sobre la cita del parlamentario con la entonces magistrada de la Sala Quinta Civil, Claudia Escobar, y el abogado Vernon González, la cual se llevó a cabo el 29 de septiembre del 2014, en la zona 10.

El jefe de la Cicig afirmó que también se presentó un informe forense de los dispositivos electrónicos, así como un documento de la transcripción de la grabación sobre lo conversado en la reunión, según manifestó el 18 de marzo pasado en la vista pública.

“¿Cómo los magistrados de la CSJ dicen que la denuncia es espuria. Esos elementos de prueba, ¿son espurios?”, refirió.

“Nos llama la atención que es algo sencillo que deben resolver, es una página la que tienen que analizar los magistrados de la CC”, puntualizó Ulate Durán.

Es normal

César Calderón, abogado de Rivera Estrada, informó que es normal el atraso en la resolución de la CC, debido al volumen de expedientes que tienen que conocer.

Afirmó que la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio debido a que al escuchar la conversación determinaron que no es vinculante con los hechos denunciados. Indicó que el diputado no hizo ningún ofrecimiento de reelección a la entonces magistrada Escobar.

Cohecho activo

  • Incurre en este delito quien con dádivas, ofrecimientos o promesas intentare cohechar a funcionarios.

Comisiones

En el proceso contra Rivera Cabrera se terminaron de evacuar todas las diligencias en la CC desde septiembre del 2014.

La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos presentó la denuncia al órgano investigador por transacciones sospechosas.

Rivera Cabrera abrió una cuenta en un banco del sistema y argumentó que los fondos que depositaría provendrían de su sueldo como diputado, por Q29 mil 500.

Sin embargo, el sistema del banco detectó que recibía montos superiores a los que devengaba como legislador, y con ello rompió el perfil económico, por lo que generó sospechas.

Las pesquisas han determinado que habría recibido montos por Q500 mil en varios cheques, y podrían ser de comisiones.

Ese dinero proviene de dos empresas: Multi Maquinarias, S. A., y de Ippocrates Eleades y/o Ippocrates Eleades Panteloukatis, cuyo dueño es libanés.

Estas son empresas contratistas del Estado y supuestamente el diputado habría ayudado a conseguir contratos de mantenimiento de la red vial en Quiché, según el expediente de la Fiscalía de Lavado de Dinero, del MP.

Esa empresa habría sido beneficiada con más de Q22 millones provenientes del fondo vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Rivera Cabrera fue reelecto al Congreso por la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional, que se disolvió. Varios diputados se unieron a otros bloques legislativos y él migró a Líder.

Tráfico de influencias

  • Consuma este delito la persona que influya en un funcionario o empleado público valiéndose para ello de su jerarquía, para obtener un beneficio indebido.

Se defiende

Rivera Estrada, en su defensa, presentó en el MP como prueba un pagaré que suscribió con esa empresa y argumentó que era una deuda que le tenían.

En el documento contable hay irregularidades en lo que respecta a la edad que ambos dijeron que tenían en ese momento.

El 30 de diciembre del 2006, ambos firmaron el documento, pero registros migratorios establecen que Eleades Panteloukatis se encontraba fuera del país.

El pagaré fue firmado por el abogado Jorge Arévalo Valdés, exdiputado por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco, quien en ese momento no estaba activo por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Durante las manifestaciones del Jueves Negro era quien tenía una capucha en apoyo de la inscripción como candidato presidencial del militar retirado general José Efraín Ríos Montt, en el 2003.