Mario Tuy Saloj y Rogelio Tuy Morales —nombres ficticios— son dos vecinos de Sololá que fueron estafados por una persona  que se hizo pasar por  líder religioso. La pesadilla comenzó luego de que en una emisora local se anunció la oportunidad de viajar y laborar en el extranjero con  visa de trabajo temporal.

Ambos pagaron Q10 mil cada uno como anticipo para gestionar la documentación  para el viaje; sin embargo, luego de haber  hecho  el pago, el hombre, cuyo nombre se desconoce, desapareció y nunca más respondió su teléfono celular.

Desesperados por encontrar al estafador,  se enteraron de que fueron  varias las personas  engañadas por el mismo sujeto, y que se trataba de alguien que residía en una aldea cercana, pero al llegar a la vivienda los propietarios del inmueble les indicaron que  se  había ido sin pagar el alquiler.

Otro engaño

Otro caso es el de Germán Vicente, de 22 años, que vive en San Vicente Buenabaj, Momostenango, Totonicapán, quien  con el anhelo de conseguir un trabajo y de ayudar a su familia contactó vía telefónica a un coyote, a quien le  pagó Q55 mil para  que lo llevara  a EE. UU.; pero   para  obtener  esos   fondos debió vender un terreno y adquirió  un crédito bancario.

Vicente señaló  que el coyote le advirtió que tendría tres oportunidades para cruzar la frontera, promesa que no cumplió debido a que solo tuvo dos intentos, en los  que fue deportado de México.

“El viaje fue duro y pasé varios días sin comer. Ahora mi futuro es incierto, ya que no tengo trabajo y el banco me exige los pagos de la deuda. He tratado de contactar al coyote, pero desapareció y nadie da razón de él”, lamentó Vicente.

Macario Oj Ajcet, quien reside en Chimaltenango es otra víctima de estafa. Con el sueño de trabajar en el extranjero acudió a una empresa que ofrecía visas temporales para laborar en corte de tomate en Canadá. “Me acerqué a ellos sin saber que allí perdería todo”, comentó.

“Me citaron a una reunión donde me informaron sobre los beneficios de viajar. En siete meses lograría ganar Q90 mil y ofrecían hospedaje y transporte. Pagué Q12 mil y nunca salió el viaje”, refirió.

Casos como estos son tan solo una muerta  de la magnitud  del problema al que a  diario se  enfrentan miles de guatemaltecos, mientras  las  acciones  de las autoridades para desarticular las  bandas  de estafadores son escasas,  señalan representantes de instituciones que prestan asistencia a migrantes.

Gladys Marroquín, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Ceadel), informó que en  comunidades de Chimaltenango los  engaños son comunes, debido a que las oportunidades de empleos son casi  nulas.

Úrsula Roldán, investigadora y coordinadora del área de migraciones de la Universidad Rafael Landívar y quien forma parte de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala,  dijo que el Mintrab y el Ministerio de Relaciones Exteriores deben velar  para que no continúen esos abusos.

“Las instituciones del Estado son sumamente débiles para la supervisión laboral; se requiere de una política más sostenida y más fuerte para hacer valer los  derechos de los trabajadores”, agregó.

Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), hizo un llamado a las personas para que no se dejen sorprender con los  ofrecimientos de trabajo, debido a que las oportunidades laborales en el extranjero son escasas.

“Para toda Guatemala  hay entre cinco o seis mil plazas cada año en  Canadá; en Estados Unidos un poco más, pero las ocupan las mismas personas que viajan año con año. Solo unas  cien o  200 son las plazas nuevas para Canadá y con eso los estafadores   hacen negocio en todo el país”, comentó Gordillo.

Modo  de operar

De acuerdo con Gordillo, quienes  estafan a  migrantes se presentan como miembros de  empresas, ofrecen clases de francés o inglés por una semana y los certifican para optar a las plazas, para ello les e cobran Q12 mil, pero  cuando el tiempo transcurre y el viaje  no se concreta las personas  comienzan a reclamar y los delincuentes  se escudan con que el costo solo era para certificarlos,  refirió.

“Otra manera de operar es el ofrecimiento de visas de trabajo. Les cobran, los obligan a tramitar  pasaportes y otros requisitos, pero igual terminan estafados”, dijo.

El coyotaje es  otra forma de estafa,  pues  los  traficantes  están ligados a  prestamistas —usureros— y notarios, a  través  de  quienes  se tramitan créditos de entre Q50 mil y Q70 mi para costear el viaje.

“El coyote deja perdido a los migrantes en la frontera con México, y en algunos  casos  busca que los deporten y luego   de tres intentos pierden su dinero”,  explicó Gordillo, quien  estima que un traficante  cobra entre US$5 mil  y US$7 mil   —unos Q39 mil 200 y Q54 mil 880— y que los préstamos  a usureros pagan el 10%  de intereses   al mes, lo que ha  dejado a miles de personas sin donde  vivir.

Conamigua ha conocido casos de personas que han pagado entre Q5 mil y Q10 mil por una carta, que supuestamente sirve para el trámite de  visa.

Campaña

Bárbara González, directora de la oficina de asuntos públicos de migración y control de aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., señaló que llevan a cabo una campaña en varios departamentos para evitar que las personas sean engañadas por estafadores, y  buscan hacer conciencia  sobre los peligros que se corren al  migrar.

“Difundimos la información correcta, explicamos que las leyes migratorios de EE. UU. no ha cambiado. Les explicamos que no hay permisos y que a las transnacionales  criminales solo les interesa robar su dinero”, destacó.

González agregó que el Congreso estadounidense aprobó US$750 millones —unos Q5 mil 880  millones— para el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por  Guatemala, El Salvador y Honduras,  destinado para desarrollo comunitario.

Además, agregó que mil 200 coyotes han sido capturados del 2014 a la fecha, y que cada día  llegan a Guatemala tres vuelos con migrantes deportados.

Negocio Redondo

Prensa Libre publicó en julio de 2014  un reportaje  sobre las jugosas  ganancias  que deja el  tráfico de personas hacia EE. UU. En esa  oportunidad,   un coyote que  concedió una entrevista  en la frontera de Tecún Umán, San Macos, comentó que le  iba muy  bien y que el negocio  estaba en auge.

Según un reporte del 2010 de la Organización de las  Naciones Unidas, traficar personas a EE. UU.  genera para el coyotaje unos US$600 millones al año —unos Q4 mil 704 millones—; ese mismo informe establece que un migrante llega  a pagar entre US$5 mil  y US$10 mil —unos Q39 mil 200  y Q78 mil 400— para recorrer  miles de kilómetros bajo el cuidado de las redes de tráfico que sobornan a autoridades, pandillas y  carteles que controlan las rutas hacia el norte.

Expertos consideran que las ganancias para los coyotes por persona oscilar entre US$3 mil 500 y US$4  mil  — Q25 mil 900 y Q29 mil 600—, si el viaje transcurre como fue planeado.

Datos obtenidos del documento Perfil Migratorio de Guatemala, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado en el 2012, establecen que un millón 637 mil 119 personas han migrado al extranjero, lo que representó el 11.4% de la población de ese año.

El Banco Mundial, a través de su base de datos Estimaciones Bilaterales de los contingentes de migrantes de 2013, calcula que 929 mil 961 guatemaltecos viven en EE. UU., 18 mil 386 en Canadá, 40 mil 609 en México y 11 mil 223 en Belice.

Un censo poblacional de EE. UU., efectuado en el 2000, cuantificó a 372 mil 487 guatemaltecos en ese país, y otro estudio, del 2010, arrojó que la cifra alcanzó a un millón 44 mil 209 connacionales radicados en ese  país.

Normativa vigente

En el 2015 se reformó la Ley de Migración, que incluyó como delito el tráfico de personas.

El tráfico  de personas será penado con cárcel de seis a ocho años. Abarca a quienes comenten, ofrezcan, promuevan, planifiquen, coordinen o faciliten alojamiento a los connacionales que tengan como objetivo ingresar de manera ilegal a otros países.

La pena será aumentada en dos terceras partes cuando en los delitos participen funcionarios o empleados públicos y cuando se trafiquen menores.

La normativa  establece sanciones contra quienes obtengan un beneficio económico o material por facilitar el ingreso, permanencia o salida de extranjeros en situación irregular.