Capturan a extrabajadores de la comuna de Olopa por peculado

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron la mañana de este jueves a tres exintegrantes del Concejo de Olopa, Chiquimula, sindicados de haber participado en actos de corrupción en los que estaría involucrada  Christa Castañeda Torres, sobrina de la candidata a la Presidencia Sandra Torres, informaron fuentes oficiales.

Por La Redacción / Olopa

Los tres exfuncionarios capturados en Olopa, Chiquimula. (Foto Prensa Libre)
Los tres exfuncionarios capturados en Olopa, Chiquimula. (Foto Prensa Libre)

Se trata de Victoriano Ramos Méndez, de 77 años; Inés Ramos Ortiz, 70, y José Roberto Elías Pazos, 54, quienes habrían autorizado un pago de Q450 mil a una empresa de propiedad de Castañeda Torres, operación que es investigada por las autoridades.

Según información del Ministerio Público la transacción se realizó el 17 de noviembre del 2006, y la orden de captura contra los exfuncionarios fue girada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula, a donde fueron trasladados para solventar su situación legal.

Los sindicados ocuparon cargos públicos del 2004 al 2008 y son señalados peculado.

El lunes último, las fuerzas de seguridad lograron la detención de María Marta Castañeda Torres, en la zona 8 de Mixco sobre quien pesaban cuatro órdenes de captura.

Según consta en el expediente a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, Castañeda Torres, propietaria de la empresa AFINSA, junto a su hermana Christa Eugenia María Castañeda Torres, propietaria de la empresa ASEF, ofrecían sus servicios para agilizar los préstamos que las municipalidades realizaban a un Banco del Sistema y de los cuales cobraban un porcentaje.

No obstante, mediante las investigaciones se determinó que las referidas señoras no realizaban ningún trámite ante el banco ni ante el Instituto de Fomento Municipal, por el contrario, es esta última entidad el que efectuaba el trámite y a quien la municipalidad también pagaba el 1 por ciento sobre el valor del préstamo.

Estafando de esta forma entre los años 2005 y 2006, un total de 14 municipalidades por los servicios que nunca prestaron.