La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Asociación de Organizaciones y Personas por la Salud de Guatemala, presidida por Sergio Morales, exprocurador de los Derechos Humanos, señalan de negligencia al Estado por la crisis en el sistema de salud, que es recurrente desde el 2012.

Informes que acompañan las peticiones, presentadas por separado, revelan que los hospitales siguen sin abastecimiento, con personal insuficiente, infraestructura inadecuada y que el presupuesto asignado no alcanza para cubrir las necesidades de la población.

Zulma Calderón, supervisora de Hospitales de la PDH, dijo que la institución presentó dos solicitudes a la Corte, una para obtener una audiencia y otra para que se dicten medidas cautelares en favor de los guatemaltecos.

Morales, por su parte, afirmó que la petición a  la CIDH, firmada por 20 organizaciones de pacientes, es para que de urgencia se  abastezca a los hospitales y   se abra   a una auditoría social el proceso de compra de medicamentos.

CC sentencia

El 24 de julio del 2012, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia contra el presidente de la República —Otto Pérez Molina— y el ministro de Salud —Jorge Villavicencio— y amparó a la PDH, que señaló “la amenaza cierta y determinada de que las autoridades afecten gravemente la salud y vida de los pacientes por inobservar la obligación constitucional y legal que tienen”.

En el proceso se vinculó al Congreso y al Ministerio de Finanzas, ya que, según la CC, “también son responsables”.
El 6 de octubre del 2015, el procurador presentó a la CC una solicitud de asistencia para la ejecución de la sentencia, pues dos años después la situación continuaba igual.

Requiere recursos

El vocero del Ministerio de Salud, Édgar Arana, aseguró que la crisis  es por el descuido de varias administraciones y que, para cumplir con la sentencia del máximo tribunal, se requieren recursos.

“El Congreso, en 2015, en lugar de aumentar  disminuyó en Q1 mil cien millones el presupuesto del Ministerio para este año y dejó espacios limitados para inversión y compra de equipo médico quirúrgico, así como para mejorar la infraestructura”, afirmó el funcionario.

Agregó que las actuales autoridades trabajan en reordenar la institución y que se dio prioridad al pago de deuda y al abastecimiento en los hospitales. También se lanzó el proyecto de reformas al sector de Salud.

Afiliados amparados

El 18 de febrero de este año, la CC otorgó un amparo provisional a favor de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, esclerósis múltiple y enfermedad renal  que asisten al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y obligó a la institución a darles  medicamentos.

Los amparados dijeron que el Seguro Social los deja hasta  por 20 días sin medicina, por lo que su vida peligra.

El 6 de junio último, Lin Valenzuela fue amparada por la CC, con lo que el IGSS debe  entregarle el  medicamento que requiere por ser paciente renal. La afiliada afirmó que el 10 por ciento de los pacientes del Seguro Social tienen enfermedades crónicas degenerativas y no reciben medicamentos en forma regular.

Valenzuela agregó que al menos  cien personas han recurrido a la CC para que se les ampare.

El Departamento de Comunicación Social del IGSS respondió que ninguna unidad médica puede adquirir medicamentos que no estén en el listado básico de la institución y que los amparos permiten hacer esta compra, además de respaldarla en la Contraloría.

Se informó que en algunos casos son las farmacéuticas las que accionan en la CC, a nombre de pacientes y sin que estén enterados.