Claudia Ordóñez, jefa del Departamento de Recepción y Calificación de Denuncias, refirió que  817 casos corresponden al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el resto a la red de instituciones públicas de salud.

“La gran mayoría del flujo es por falta de medicamentos… Son denuncias de todo lo que tenga que ver con salud. En la red de salud o en el IGSS no los atienden, no les dan medicamentos, sus cirugías no se las pueden realizar porque hay desabastecimiento”, indicó.

Al analizar las denuncias por departamento, el de Guatemala registra 862. Ordóñez comentó que se reciben de cinco a 10 quejas diarias contra el sistema de salud.

La PDH registra 49  denuncias por malos tratos en instituciones públicas, de las cuales el IGSS, hospitales nacionales y centros de Salud tienen la mayor cantidad de casos.

El año pasado recibieron 32 casos por esos hechos. Ordóñez comentó que también reciben denuncias por malos tratos a grupos vulnerables —niños y adolescentes, adultos mayores y otros—, las cuales suman mil 993 reportes, que incluye a particulares en su mayoría, pero también a instituciones como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en El Platanar, finca San Antonio, San José Pinula.

En el caso del referido hogar, el viernes último, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, accionó en  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que solicitó seis medidas cautelares en favor de los menores que albergan en ese lugar, “cuyas condiciones son nefastas”.

El sistema registró ocho casos contra ese hogar en el 2012, tres en el 2013, nueve en el  2014, 14 en el 2015  y este año van 11.

El procedimiento

Ana Lucrecia Dollagaray, directora de Procuración de la PDH, señaló que la mayoría de denuncias se relacionan, además de la falta de medicamentos, con reportes de que el médico o enfermeras no atendieron a los pacientes de la forma debida.

Agregó que deben ser cuidadosos al hacer la evaluación, porque algunas personas piensan que es una mala atención porque no se les atendió como ellos querían.

Agregó que en el caso de medicamentos o que no haya encamamiento es más fácil, porque se verifica con una supervisión.

“Cuando se trata de malos tratos, es un poco más complicado verificar o constatar, porque no hemos estado en el momento. Entonces vamos con el director para que se investigue y se le pide informar al médico o enfermera, y siempre hay justificaciones”, indicó, y agregó que cuando las denuncias son constantes hacia el lugar o personas, puede haber indicios de que es cierto.

Dollagaray comentó que el ombudsman se ha pronunciado al respecto, y hay varias resoluciones que declaran la violación de derechos humanos o hace recomendaciones a las autoridades por la escasez de medicamentos.

Agregó que la institución ha promovido varios amparos por falta de medicamentos.
“Debemos recordar que el Procurador es magistrado de conciencia y sus acciones no tienen el carácter coercitivo que pueda tener una resolución de juez. De allí que en algunas ocasiones la Procuraduría ha buscado o promovido amparos ante la CC, para que ordene la compra o entrega de un medicamento”, resaltó.

Agregó que la PDH fomenta mesas de diálogo para solucionar los problemas con los actores involucrados.

Acciones

Agilizan adquisición

Lucía Dubón, vocera del IGSS, comentó que la Junta Directiva tomó algunas acciones para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos, entre ellas la designación de juntas de licitación temporales, para agilizar los pedidos que estaban pendientes; además, se creó una dirección de logística de medicamentos para llevar controles. Comentó que en diciembre esperan estar abastecidos al cien por cien.

Agregó que cuando la Corte de Constitucionalidad o alguna sala de justicia falla a favor de algún paciente para que se otorgue un medicamento, ellos cumplen de inmediato.

Prensa Libre  gestionó una entrevista con autoridades del Ministerio de Salud, para que explicaran el proceso que se sigue en la cartera por las denuncias de malos tratos, pero al cierre de esta edición no se había concretado.

Convenio

Malos tratos a discapacitados

Sebastián Toledo, director del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), señaló que reciben varias denuncias por malos tratos, en especial de  establecimientos educativos, y por ello se han constituido en terceros interesados en violaciones contra niños con capacidades diferentes.

Comentó que con el Ministerio Público firmaron un convenio, porque  se dan muchos atropellos.
Agregó que en los tribunales de justicia han tenido casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente y los jueces les han dicho “que le den gracias a Dios que alguien las hizo mujeres”, o el caso de un fiscal que le dijo a un joven no vidente que había sido atropellado que si no miraba por qué salía a la calle.

Reclamos en Procuraduría

Estadísticas de denuncias recibidas por la PDH:

• 1,533 señalamientos contra instituciones de salud —red pública e IGSS— recibidas al 3 de noviembre último.
• Los departamentos con más quejas son Guatemala, con 862; Quetzaltenango, 59; Alta Verapaz, 34; San Marcos, 36; Jalapa y Jutiapa, 32; y Quiché,  24.
• De las 49 denuncias por malos tratos en instituciones públicas, 20 corresponden al IGSS, 15 a hospitales nacionales, cuatro a centros de Salud, cuatro al Ministerio Público, tres al Organismo Judicial, dos al Ministerio de Educación y una a la Policía Nacional Civil.