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Vicepresidenta CIDH: "Hay una necesidad de que las instituciones involucradas se reúnan"

Esmeralda Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó en el país para verificar la situación de los niños y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y de las acciones que realizan las instituciones involucradas en la protección de la niñez y la adolescencia.

Por Geldi Muñoz Palala

Esmeralda Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visitó el país (Foto Prensa Libre: Eirck Ávila).
Esmeralda Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visitó el país (Foto Prensa Libre: Eirck Ávila).

¿Cuál es el objetivo de su visita?

Hemos visitado algunos centros, fuimos al lugar del siniestro para identificar la situación. La visita tiene un objetivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los derechos de los niños que han sido afectados, incluso de los niños que puede estar en esta condición de albergues. A la comisión le preocupa que estos centros tengan las condiciones de vida para que no se repita hechos.

Por esas medidas cautelares que se dictaron queremos acompañar al Estado, pero también a las víctimas para ver cómo contribuimos en establecer mecanismos que les permitan a las instituciones avanzar en visiones, planes y acciones para alcanzar las respuestas. Sabemos que fue una tragedia importante. El número de niños y niñas que están involucrados es alto. Distribuir a esos niños en centros y hogares. La idea es que haya un momento para que el país analice, estudie cuál es la condición de cada uno de esos niños y darles una respuesta. Vamos a reintegrarlos en los hogares que les corresponde.

Un juez resolvió enviar a dos menores al Hogar Seguro.

Hay una necesidad de que las instituciones involucradas se reúnan, articulen, es decir, no es una mera coordinación, sino que realmente se comprometan con lo que implica. Las respuestas deben ser coherentes, articuladas, porque si hay una respuesta judicial de remitir a un niño nuevamente a ese centro, entonces algo no está coordinado allí, falta una coordinación, el centro tiene que reestructurarse.

A su criterio ¿el hogar puede funcionar en las condiciones en que está?

No puede operar con el mismo modelo, allí habían niños pequeños, niños con discapacidad, niñas, señoritas, había jóvenes, adolescentes, una población diversa. La respuesta tiene que ser igualmente diversa. La comisión ha determinado algunos estándares y en materia de internamiento hay que cumplir con esos estándares.

¿Qué tipo de estándares?

No pueden ser instituciones tan grandes porque cuesta más trabajo, no es posible brindar una atención. ¿Qué es un hogar? Un lugar calor de familia pero 600 u 800 muchachos, ¿le puede dar calor de familia? No es posible.

El estándar es que no pueden ser instituciones grandes. Tiene que haber personal personalizado, debidamente identificados con el grupo de niños que se atienden. Ese es un elemento clave, institucionalizar al niño es el último recurso, no el primero.

Entonces, si lo primero que hace un juez es mandar al niño a una institución, hay que estudiar y  analizar cuál es la institución familiar, ¿la familia biológica?  ¿Los familiares? Hay que hacer un trabajo muy profundo.

¿Se debe cerrar el Hogar Seguro, la CIDH emitiría alguna resolución?

Tenemos otros mecanismos, estamos aquí para darle seguimiento al caso, que las medidas cautelares se cumplan, (para que) el Estado se preocupe por producir esos cambios. Yo necesito trabajar con las familias para reintegrar al mayor número de niños a sus hogares, ese es un mandato. Nosotros vamos a darle seguimiento. Hay que investigar ¿qué fue lo qué pasó? Porque allí hubo una situación de violencia porque murieron 41 personas.

¿Por qué la CIDH emite medidas cautelares después de la tragedia, y no noviembre cuando la PDH las solicitó?

Bueno, ese es el gran dolor que sentimos nosotros. Habíamos recibido la petición, la CIDH tiene reglamentos establecidos que tratándose de una medida cautelar que vamos a imponer a un Estado para que haga determinadas cosas. Yo necesito saber lo que el Estado me puede decir para  fundamentar lo que voy a pedir. Lamentablemente la situación era de una crisis que no llegó nuestra respuesta a tiempo. Pero habíamos pedido información al Estado.

¿Les proporcionaron la información?

En su momento no la proporcionó. Como relatora de niñez me preocupé, tenemos que aprobar una medida cautelar y eso implica que tenemos que comunicarnos, nosotros no estamos en la sede en Washington, sino en nuestros países.

Tenemos otra medida cautelar solicitada para los centros de privación de libertad de los adolescentes en conflicto con la ley, para este caso también hay estándares, no todos los delitos deben de sancionarse con pena privativa de libertad, hay que tener otras respuestas. Hay hacinamiento, ahora mismo hay una necesidad de garantizar las condiciones que esos centros estén bien, que la atención de los que están involucrados en custodiarlos sea una respuesta apegada a derecho. No se pueden violar los derechos. Eso es una responsabilidad de quienes los custodian.

¿Van a emitir medidas para estos centros?

Le mandamos ayer (jueves) una carta solicitándole la información al Estado para que nos dé su opinión de cuáles son las condiciones. Estamos esperando la respuesta. Les dimos tres días para contestar y esperamos tener esa respuesta el día lunes.

¿Cuándo podrían estar emitiendo las medidas?

Podríamos estar emitiendo las medidas a partir del lunes o martes de la próxima semana. Según lo que el estado no ha señalado.

Lo importante de la visita es nuestro compromiso con coadyuvar a que el Estado busque los mecanismos, la planificación necesaria para que las cosas avances, pero también con las víctimas. Hemos estado con las víctimas, con los familiares con quienes también nos hemos comprometido a buscar que las autoridades tienen que darles atención.

Si el Estado no envía la información, si no hay respuesta, nosotros no podemos pronunciarnos.

En el caso del Hogar Seguro, ¿no era suficiente la información que trasladado PDH?

Había información valiosa, no hay duda. Recogía un proceso de la historia de cómo se estaban dando los hechos, denuncias que se habían dado. Entonces, el mecanismo de pedir información es un arma de doble filo que hoy enfrentamos con mucho dolor porque no llegamos a poner la medida cautelar en el momento en que debía ponerse, pero a lo mejor (…) y si la hubiéramos dado el día martes, miércoles y hubiese pasado –el incendio– el día viernes. Nos pasó con una defensora de derechos humanos de un país que tenía una medida cautelar de protección, ¿qué pasó?, la mataron.

Nuestro llamado es a que los estados le den el valor a lo que representan una medida cautelar para fortalecer al propio Estado en la respuesta que pueda dar de protección, y le identificamos que hay una situación específica que debe atender, es el papel de la medida cautelar, no es hacer una acusación al Estado, es decirle, mira esta es una realidad que tienes, ponle atención porque la situación puede ser dura. Lamento que con la información no tomamos la decisión.

Lo que tenemos que hacer hoy es que las instituciones responsables asuman su responsabilidad, que tomen decisiones y que se cumplan, que monitoreen los centros, al personal que está allí, porque el Estado cuando interna a un niño se convierte en el responsable de su historia, su vida y de su integridad.

El llamado hoy a la sociedad guatemalteca es que los niños, niñas y los adolescentes son personas, que tiene dignidad,  sentimientos, hay que protegerlos no para el futuro, hay que protegerlos para que su presente sea bueno, sano. Eso va a tener un efecto para todos, para que su vida de niños sea como debe ser, como seres humanos, personas con dignidad, no el sometimiento, no a la violencia contra los niños. Hay una sociedad adulta que no valora lo que representa la protección de su niñez.

Se habla que la CIDH pudo haber cometido alguna negligencia.

No, no creo que pudiéramos aceptar que haya una calificación de esa índole, porque nuestros procedimientos tienen un trámite, seguimos criterios para trabajar en absoluta igualdad y no hacer diferencias. Nuestro mandato es debe seguir los criterios, no se adelante.

Este caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Es posible, si hay peticionarios que la elevaran a la Comisión que se lleve a cabo un análisis además de la medida cautelar para determinar la responsabilidad, si el Estado de Guatemala no hace esfuerzos puede haber una petición individual porque es un mecanismo que se utiliza.

¿Cómo afectaría esto?

Creo que con esto el país toma conciencia de la trascendencia de unos hechos como estos, que hay que darle la relevancia que tiene, hay que agrupar a las autoridades y a las instituciones para su responsabilidad y también es una respuesta a la víctima frente a unos hechos tan trágicos como estos.