El impulso de esta zona, donde la agricultura de subsistencia convive con el narcotráfico, la tala y caza furtiva, fue uno de los compromisos del presidente  Jimmy Morales tras el incidente con los cuerpos de seguridad de Belice, que acabó con la vida de un menor guatemalteco el pasado mes de abril.

El viernes recién pasado, un informe elaborado por expertos independientes bajo petición de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que la muerte de Julio René Alvarado, quien se había adentrado en la zona de adyacencia administrada por Belice, se produjo a causa de disparos realizados por guardabosques del país caribeño que conformaban las patrullas de vigilancia.

El documento asegura que el joven, quien ya había sido detenido por Belice en anteriores ocasiones por caza furtiva, se adentró 562 metros al este de la línea de adyacencia y ahí se produjo un intercambio de disparos, según las evidencias encontradas en un árbol, que indican que los proyectiles provenían del lado donde se encontraba la familia guatemalteca.

Esta tesis reforzaría las declaraciones de las fuerzas de seguridad de Belice, quienes aseguraron que los disparos se produjeron en respuesta a una agresión por parte de la familia Alvarado.

Las evidencias señalan además que los disparos que causaron la muerte al joven e hirieron a su padre no fueron realizados por las fuerzas armadas, sino por los guardabosques de una ONG beliceña que forman parte de las patrullas de vigilancia.

Morales aseguró ayer desconocer todavía el informe encargado por la OEA sobre la muerte de Alvarado, pero dijo que es necesaria una “investigación seria y bien sustentada” del suceso.

Los dos países mantienen un litigio fronterizo desde hace más de 150 años y en la actualidad no existe una frontera delimitada entre ambos. Guatemala reclama 12.272 kilómetros cuadrados del territorio que hoy ocupa Belice, lo que representa un poco más de la mitad de ese país.