En 1945 el presidente de la República Juan José Arévalo creó una nueva Constitución Política, y en el Capítulo Primero, artículo 63 estableció el seguro social obligatorio, y que cubriría situaciones de invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de trabajo, recordó el departamento de Comunicación Social de esa entidad.
La contribución se efectuaría por los patronos, los trabajadores y el Estado. Posteriormente, en 1949 se crea la Escuela de Trabajo Social de esa entidad.
En julio pasado la posibilidad de reformas a la Ley del Seguro Social generó generado discusión en diversos sectores y grupos que han señalado que puede ser un intento de privatización o desmonopolización IGSS.
Las discusiones comenzaron por el llamado que hizo la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso a unas 70 organizaciones y personas jurídicas para proponer cambios a la Ley.
Hoy 30 de octubre celebramos los 70 años de promulgación de la Ley Orgánica del #IGSS. Feliz Aniversario!!! https://t.co/GspdFlYsIi
— Noticias IGSS (@Noticias_IGSS) October 30, 2016
La propuesta más fuerte es la posibilidad de permitir al contribuyente elegir atención médica en un hospital que no sea del Seguro Social, pero que su contribución laboral no incremente. El argumento es que el IGSS no tiene condiciones para atender a los afiliados.
Directivos del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) opina que les parece correcto que el contribuyente pueda elegir el servicio. “La premisa general es cómo devolver el poder al cotizante para que la contribución sea efectiva”.
El Cacif, como sector privado, forma parte de la directiva del IGSS. Según Ardón, la manera como está diseñada la institución no permite brindar buena atención. El empresario estima que lo ideal es conocer modelos de otros países.
Las posibilidades de esos cambios, en busca abrir la posibilidad que el trabajador pueda elegir los servicios de salud, o un seguro, podría bajar el número de afiliados, indicaron parlamentarios.
*Bajo número de afiliación anual.
*A diciembre del 2015 el IGSS reportaba 1 millón 267 mil 429.
*De las 833 mil 887 empresas vigentes en el Registro Mercantil, solo 100mil 448 están inscritas en el IGSS, de esas 67 mil 221 están vigentes y de esas solo 31 mil 924 pagan sus cuotas al IGSS.
*Múltiples problemas enfrenta como juicios contra funcionarios y exfuncionarios por los casos de servicios renales, compra de medicamentos y otros. Toda la junta directiva que ejercia en el 2015 se encuentra presa por el caso de servicios renales.
El presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras, planteó en julio pasado que no se puede comparar con los servicios privados, explicó que “en el (servicio) privado puede cotizar hasta el costo que pueda pagar, pero si tiene sueldo de Q2 mil no va a tener una prima que le garantice toda la cobertura y además las pensiones, como lo hace el IGSS”.
Sin embargo el IGSS tiene necesidad de infraestructura y médicos especialistas, pero la falta de estos es la el alto nivel de deudas que le tienen los patronos a la institución.
En septiembre pasado se conoció que ante la falta de pago de esa deuda las autoridades del IGSS analizan presentar acciones legales contra el “patrono Estado”, para exigir el pago de la deuda que proviene desde 1946, pues es considerado “un patrono más” entre todos los que contribuyen a la seguridad social.
El Estado de Guatemala es el mayor deudor de la cuota laboral al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con un pendiente de Q30 mil millones 328 mil hasta agosto de este año, un crecimiento de Q10 mil millones en los últimos cuatro años.
El sector privado y otras instituciones contribuyentes al IGSS deben Q996 millones hasta agosto. Mientras que las municipalidades son el tercer deudor, con Q594 millones al mismo mes.
El Seguro Social argumenta que el monto pendiente impide la expansión y cobertura a los afiliados, pues ahora dependen únicamente de los pagos que hace la iniciativa privada y los trabajadores de esas industrias.
