Un médico de la junta directiva dijo a Prensa Libre que las medidas fueron discutidas por la asamblea y son apoyadas por el director del centro asistencial, Carlos Soto.
El profesional dijo que el día de la balacera hubo fuerte presencia policial y de elementos del Ejército, pero que la misma ha disminuido considerablemente al punto que en el portón del primer ingreso solo hay un guardia de seguridad del hospital, un agente de la Policía Nacional Civil y uno de la Policía Militar.
“La seguridad solo se mantuvo en los primeros días, ayer los médicos sentimos temor al ver que dentro del hospital había gente sospechosa, que no fue identificada y desconocemos quiénes eran y a qué iban”, dijo el médico.
Según datos del hospital, diariamente son atendidas unas mil 500 personas en las dos jornadas de atención en consultas externas de adultos, niños y maternidad.
Seguridad
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que los sistemas de seguridad están establecidos en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios por tiempo indefinido, además que 40 efectivos de la PNC brindan seguridad perimetral e interna. Comentó que hicieron un análisis de riesgo en conjunto con los Ministerios de la Defensa y de Salud.
“Si algún juez nos ordena que debemos trasladar a un privado de libertad a un centro asistencial, lo tenemos que hacer. Lo que nosotros estamos solicitando es que se cumpla con la ley, que cuente con la opinión del Sistema Penitenciario, del Ministerio de Gobernación y si es un traslado a un hospital que se respalde con un informe del Inacif”, dijo Rivas.
El jefe de la cartera de Gobernación también dijo que después de la tragedia acontecida en el Hospital Roosevelt y de los requerimientos hechos al Organismo Judicial, han recibido 20 órdenes de jueces para hacer traslados.
En el mismo sentido se pronunció Lucrecia Hernández Mack, ministra de Salud, quien dijo que la cartera no puede negarse a cumplir una orden judicial.
Acalorada citación
Autoridades del Ministerio de Salud y Gobernación fueron citadas por la Comisión de Gobernación del Congreso, cuya discusión se basó en lo ocurrido el día de la balacera en el Hospital Roosevelt que dejó siete muertos.
PNC hizo un rastreo por unidades del Hospital Roosevelt y descartó la existencia de un bomba, cuya alarma se activó después de una llamada a los bomberos.
Carlos Soto, director del centro asistencial, demandó que el Sistema Penitenciario cumpla con los protocolos de seguridad establecidos, porque en la mayoría de traslados no se cumplen con estos compromisos. Refirió que durante el fin de semana, a días de la tragedia, nuevamente fueron llevados cinco reos.
Hernández Mack dijo que el cumplimiento de protocolos de seguridad del SP no se han cumplido, recalcó que la mayoría de reos atendidos no amerita traslados y que en 2015 se firmó un convenio interinstitucional para crear dos clínicas especiales para la atención de reclusos, pero que los médicos sufrieron intimidaciones.
Juvell de León, director del Sistema Penitenciario, dijo que no firmó traslado de reos durante el fin de semana y adelantó que se tomaron medidas administrativas y jurídicas para verificar que los expedientes estén completos para ejecutar los traslados.
#LRN Diputado Napoleón Rojas presidente de la Comisión de Gobernación intercambia palabras con el director de la PNC. pic.twitter.com/udaj72zcq8
— La Red (@Lared1061) 22 de agosto de 2017
“El dictamen del Inacif, un informe de análisis penitenciario para mostrar el perfil de peligrosidad que representa ese traslado y la recomendación que en un dado caso corra peligro la vida del privado de libertad se instruyó que se agudicen los protocolos de seguridad”, dijo De León.
“Ustedes necesitan más elementos para cuidar a los guatemaltecos, si no, no hubiera muertos, el ministro lo sabe. Pero no vengan a decir que no necesitan”, dijo el diputado Napoléon Rojas al director de la PNC.
El diputado dijo que los 37 mil agentes de la PNC son muy pocos, porque hay un estudio internacional que indica que los guatemaltecos por lo menos deberían tener 50 mil agentes para brindar seguridad.
“No me vengan a decir que son Superman. ¿Por qué no me dicen “es cierto necesitamos 50 mil – agentes de la PNC-“. Yo agarré la PNC en 30 mil y llevamos 38 mil, en eso vamos, pero se vienen aquí a poner altaneros”, gritó Rojas a autoridades de Gobernación.
