Si bien esta medida pretende captar recursos, su principal objetivo es cambiar el comportamiento de los habitantes en beneficio del entorno, para evitar su degradación, ya que los indicadores son alarmantes: más de 90 por ciento de los ríos del país están altamente contaminados por desechos sólidos, aguas servidas e industriales; al menos 25 lagunas han desaparecido en el país en los últimos 80 años, por el avance de la urbanización y la contaminación; el crecimiento del sector de transporte es responsable de más del 48 por ciento de la contaminación de gases de efecto invernadero, entre otros.

“Encontramos que los niveles de contaminación han subido mucho, la calidad del aire en la ciudad está decayendo, el país es un gran basurero, el canal de Chiquimulilla parece una zona postapocalíptica porque casi todo está cubierto de desechos, y el río Motagua arrastra infinidad de plástico”, refirió el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada.

El funcionario afirmó que, debido a estas condiciones, es necesario desarrollar una política fiscal, pero el gran desafío es que en Guatemala siempre se han entendido las políticas fiscales como un mecanismo para generar ingresos tributarios; es decir, se piensa que si se le coloca un impuestos al alcohol es para generar ingresos, sin tomar en cuenta que muchas veces el objetivo es reducir el consumo.

“La Política Ambiental Verde se tiene que entender en cómo se modifican los impuestos, de tal manera que se den comportamientos más amigables para el medioambiente”, señaló.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels, precisó que bajo este contexto —altos niveles de contaminación en el país y falta de normas— la cartera de Finanzas “buscará crear un sistema de incentivos”, y para ello debe desarrollar la Política Fiscal Verde.

El proyecto le apuesta a cambiar el comportamiento de las personas y que cuiden el ambiente. Contaminar tendrá un precio. Habrá incentivos para quien proteja el ambiente e impuestos para quien contamine.

Entre Recibir y pagar

Estrada explicó que la mencionada política debe contener un balance entre incentivos e impuestos, para hacerla sostenible.

Una propuesta podría ser crear un mecanismo de financiamiento con pequeñas y medianas empresas (Pymes) para que las personas cambien sus motores por otros de propano, que son menos contaminantes.

También se podría promover una renovación de las flotillas de buses, para que dejen de contaminar. Este es un gasto público y la solución podría ser un impuesto a los motores más grandes o a los vehículos más lujosos, para financiar el proyecto.

“Se propician los subsidios cruzados y generar el comportamiento que se busca. No se genera más gasto para educación, infraestructura o salud, pero se hace que la gente, con sus propias decisiones, empiece a utilizar las cosas que tienen mejor impacto ambiental”, afirmó Estrada

“Esto —Política Ambiental Verde— va dirigido a emisiones de gases, desechos sólidos y aguas residuales. Es un trabajo que se realiza con la Cepal y otros organismos internacionales. Se está preparando, y lo que queremos es comenzar a tener una discusión para lograr un consenso”, detalló.

Samuels indicó que el Ministerio de Ambiente desarrolla mesas de trabajo interinstitucional con Finanzas y Salud, a fin de hacer planes que ayuden a implementar la política.

“Tenemos la misma responsabilidad todos, la Ley de Cambio Climático obliga a que se involucren todos los ministerios”, declaró el funcionario.

Agregó que se deben elaborar varios reglamentos que vayan en concordancia con la Política Fiscal Verde en las áreas de emisión de gases, manejo de desechos sólidos y para evitar la contaminación de afluentes.

Aire y calidad

El primer problema que buscará combatir el Ministerio de Ambiente es la calidad del aire, y la estrategia en principio buscará concientizar a la población del daño que puede causar el que los vehículos expulsen grandes cantidades de gases y humo.

Luego se publicará un reglamento que podría contener algún tipo de multa para las personas que no cumplan con que su vehículo esté por debajo de la emisión de gases aceptado internacionalmente.

El reglamento aún está en análisis, particularmente el tema de las multas y cuál será el mecanismo para saber si los vehículos se encuentran dentro de los parámetros aceptables de emisión de gases. Se espera que esté listo a final de año, aproximadamente.

Los otros reglamentos se discutirán y analizarán en las mesas interinstitucionales, por lo que su elaboración y aplicación sería a largo plazo, señaló Samuels.

Estrada explicó que es difícil que la Política Fiscal Verde sea planteada en una iniciativa de ley este año, pero sí en 2018, porque los primeros cambios ni siquiera pasan por ley, sino por planes de Estado.

“Hay que diseñar las políticas públicas, los contenidos, actualizar los incentivos para las Pymes, que se pueda financiar cambio de maquinaria, nuevo equipo, transformación a paneles solares y muchas cosas más”, enumeró el funcionario.

La Política buscará no solo ingresos, sino generar cambios de comportamiento, agregó.

Discusión

El presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso, Adim Maldonado, reconoció que hay interés en ese organismo por conocer este tipo de iniciativas e incluso algunos diputados ya han mostrado interés en que una normativa de esta naturaleza tenga una discusión seria.

“Si llega este año —al Congreso— la discutiremos, pero si entra el otro año buscaremos impulsarla, porque estas son propuestas que van en beneficio del medioambiente”, aseguró Maldonado.

“En Guatemala se ha descuidado mucho el medioambiente. El deterioro de este no solo afecta a humanos, sino a especies animales y vegetales, y causa su extinción”, dijo el congresista.

Jean Pierre Devaux, director ejecutivo de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos, afirmó que no conocen a profundidad la propuesta; sin embargo, afirmó que todo aquello a favor del medioambiente es positivo.

“Guatemala está atrasada en la regulación de los controles de gases de efecto invernadero”, señaló. Además, no existen controles sobre el uso de carburantes, aceites y otros aditivos que son contaminantes, agregó.

Los ministerios a cargo de discutir esta propuesta se encuentran en la fase de recopilación de datos y análisis. Esperan llevarla en el 2018 al Congreso, como una iniciativa de ley para que sea discutida en el pleno. Si es aprobada, los guatemaltecos deberán revisar sus hábitos y su huella ecológica. Es decir, responder a la pregunta: ¿cuánto contamina cada habitante de este país?.