Comunitario

La huella del experimento

La disputa por la muerte de un perro llevó a Juan —nombre ficticio— a la cárcel en la década de 1940. Y cuando abandonó la prisión salió contagiado con una enfermedad venérea que le marcó la vida, la de sus hijos y también sus nietos.

Por Glenda Sánchez

Carlos Oswaldo Telón denunció que su hermano Víctor Manuel Telón (en cama), fue víctima de las inoculaciones durante los experimentos de los años 50. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Carlos Oswaldo Telón denunció que su hermano Víctor Manuel Telón (en cama), fue víctima de las inoculaciones durante los experimentos de los años 50. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dos de ellos padecen problemas óseos que no les permiten caminar. Además, tres de sus nietos tienen llagas en la piel que los médicos no han podido controlar.

Juan formó parte de no menos de cinco mil guatemaltecos con los que experimentó un grupo de investigadores estadounidenses avalados por el Gobierno de Guatemala. Las inoculaciones se registraron de 1945 a 1948, para comprobar el modelo de transmisión humana de la gonorrea, sífilis y chancroide.

Además, se comprobaba la eficacia de la penicilina para el tratamiento de las enfermedades venéreas, según lo detalla el Informe de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de los Experimentos Practicados con Humanos Guatemaltecos, en el 2011, presentado durante el gobierno de Álvaro Colom.

Una nueva investigación, dirigida por un equipo guatemalteco que fue contactado por el Escritorio Jurídico Internacional Rodríguez Fajardo y Asociados, reveló que en Guatemala los experimentos con niños, reos, soldados y personas del Asilo de Alienados —hospital neuropsiquiátrico— causaron “graves” problemas de salud a las víctimas y a sus familiares, como lo aseguraron parientes de Juan en la investigación.

Demanda

Los resultados dan sustento a la demanda contra la Corporación Johns Hopkins Hospital System, presentada a principios de abril, en Baltimore, Estados Unidos, por el Escritorio Jurídico Internacional, la cual fue avalada por las víctimas, que esperan ser indemnizadas.

“Las víctimas directas contactadas son 108; de estas, 49 continúan vivas”

Ese estudio reveló que de las 774 personas que incluye la demanda, 666 familiares de las víctimas —cónyuges, hijos y nietos— padecen problemas en la piel, trastornos mentales, ceguera y sordera severa, en algunos de los casos. El resto son personas con las que experimentaron.

“Las víctimas directas contactadas son 108; de estas, 49 continúan vivas”, explicó Clara de Paiz, Coordinadora de la Investigación de Experimentos en Guatemala, que contrató la firma de abogados mencionada.

Agregó que hace unos dos años y medio fueron contactados para comenzar la búsqueda de las personas afectadas por los experimentos. “El objetivo era conocer si las pruebas podrían haber dejado alguna complicación en las personas inoculadas”, expresó.

De Paiz declaró que concluida la primera fase, comenzaron las entrevistas con no menos de seis mil personas, para luego seguir con la verificación y validación de cada uno de los testimonios.

“Las comprobaciones se hicieron a través de declaraciones juradas, certificados médicos en donde las víctimas fueron evaluadas de signos y síntomas, con el protocolo aprobado por la Organización Panamericana de la Salud que contempla para las enfermedades venéreas”, manifestó.

Hallazgos

Otro de los hallazgos fue que los experimentos que efectuaron médicos y científicos, y otros agentes empleados por Johns Hopkins fueron de 1945 a 1956.

De Paiz aseveró que las fechas de finalización del experimento se comprueban en las fichas que otorgaron a algunos de los pacientes que aún conservaban el documento o que estaban en los registros en Estados Unidos.

En el altiplano

“Las pruebas solo fueron sanguíneas, porque en el país no se cuenta con un laboratorio genético”

El ex vicepresidente y presidente de la Comisión de Esclarecimiento, Rafael Espada, explicó que luego de que ellos publicaran los nombres de las víctimas en medios de comunicación se localizó a 25 familias del Altiplano.

Según Espada, se entrevistó a ese grupo, y se les hicieron varias pruebas médicas, las cuales confirmaron que cuatro o seis tenían sífilis y habían transmitido la enfermedad a sus descendientes.

“Las pruebas solo fueron sanguíneas, porque en el país no se cuenta con un laboratorio genético”, aclaró.

Espada señaló que a la fecha las víctimas no han sido resarcidas, a pesar de que fue una de las recomendaciones planteadas en el informe, el cual fue entregado a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Al consultar a Karen Cardona, encargada de prensa de la vicepresidenta, manifestó que se instruyó al Ministerio de Salud para que diera seguimiento a los casos.