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Locatarios se unen ante asedio de extorsionistas

Vecinos y comerciantes se quejan de la inseguridad en la zona 6 y en Chinautla.

Agentes privados brindan seguridad en el mercado de Candelaria, zona 6. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Agentes privados brindan seguridad en el mercado de Candelaria, zona 6. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

El abastecimiento de la despensa familiar ha cambiado para miles de residentes de la zona 6 capitalina y de Chinautla, donde los mercados cantonales han cerrado o modificado sus servicios debido al acoso de extorsionistas.

Los vecinos sufren por los efectos de la inseguridad en ese sector y pagan más por productos de la canasta básica, porque el precio debe “cubrir” la cuota exigida por los grupos delincuenciales.

“En el mercado le suben Q1 a la libra de tomate o de pollo, o unos centavos a cualquier otro producto. Todos sabemos que es porque a los comerciantes los extorsionan, y ese costo se debe pagar. Se la exigen —la extorsión— al vendedor  y lo paga la comunidad, es así como nos estamos acostumbrando a vivir y dudo que cambie la situación”, se lamentó Lucía Ordóñez, vecina de Jocotales, zona 6.

El mercado de la colonia destaca porque, pese a la presencia de la Policía Nacional  Civil (PNC), cada negocio exhibe un rótulo exigido por los extorsionistas. De esa manera llevan control de quién paga la extorsión.

A cinco cuadras de Jocotales se ubicaba el mercado de Santa Faz, Chinautla. Sin embargo, cerró sus puertas en septiembre pasado por la fuerte presión de los extorsionistas y una ola de ataques armados contra comerciantes que se negaban a pagar lo exigido.

Frente al mercado hay una sede de la PNC, y aunque los agentes hacen recorridos en bicicleta, no ha sido un disuasivo.

“No había muchos negocios y era poco lo que vendían los comerciantes, pero era una opción para la gente de la colonia”, comentó Eulalio Corzantes, vecino del sector.

Cada mes se calcula que los locatarios del mercado de Jocotales entregan a los extorsionistas más de  Q100 mil.

Bajo control

Los grupos de extorsionistas, integrados en su mayoría por pandilleros, lograron establecer un método de control de los casi 600 puestos de venta en el mercado de Jocotales y prohíben las ventas ambulantes.

“Tomaron la decisión de dividir en cuatro sectores a todos los vendedores, porque decían que algunos puestos  no estaban pagando la extorsión, y decidieron ponernos en orden para que no se les fugara el dinero”, relató un comerciante.

Las denuncias se presentaron en la PNC, y desde septiembre hay vigilancia incluso de efectivos del Ejército. Sin embargo, los locatarios continúan bajo el control de los delincuentes.

Cada dos semanas, los comerciantes deben pagar Q200. A través de una sesión con representantes de cada sector se reúne el dinero y se entrega.

“Nos tienen bien identificados. En las sesiones, cuando estamos recolectando la cuota de extorsión recibimos llamadas de algún pandillero que desde la cárcel nos habla y menciona nombres de vendedores. Sospechamos que en algún momento uno de ellos trabajó en el mercado o mandan a vigilarnos”, relató un comerciante.

Todos pagan

Los comerciantes de Santa Faz no lograron cubrir la extorsión exigida y decidieron abandonar el mercado.
A finales de septiembre pasado, por la noche, cada locatario sacó su mercadería y no volvió.

A partir de octubre pasado, los vecinos acuden al mercado de  Jocotales a efectuar sus compras, por la cercanía. Sin embargo, reconocen el peligro y aceptan pagar el sobreprecio de los productos.

“Ahora debemos ir a Jocotales, y de igual forma nos sometieron —los pandilleros— a  pagar la extorsión de manera indirecta”, señaló Lourdes Ajcú, vecina de Santa Faz.

“Todo eso es puro espejismo. Nosotros que vivimos en Santa Faz sabemos que el mercado cerró por las extorsiones y que las tiendas que funcionan en la colonia siguen pagándole a los mareros. La Policía solo aparenta dar seguridad, pero los mareros mandan aquí”, manifestó Ajcú.

Vecinos y comerciantes coinciden en que el cobro de las exacciones se incrementó en octubre, luego de que Andy Santana García Vásquez, uno de los cabecillas del Barrio 18, se fugó de la cárcel Fraijanes 1.

Se cuidan

En la colonia Proyectos 4-3 funciona el mercado La Candelaria, el cual cerró temporalmente por tres días en septiembre pasado debido al cobro de la extorsión. Abrió ahora bajo vigilancia de policía privada costeada por algunos de los locatarios que decidieron regresar.

Otro caso es el mercado Tres de Mayo, en la 15 avenida y 10a. calle de la zona 6. Ahí patrullan con escopeta en mano varios agentes de seguridad privada. Los policías cuentan con radiotransmisores y, para evitar ataques desde motocicletas, el área alrededor del mercado es solo peatonal.

Prometen capturas

La PNC mantiene presencia en los mercados acechados por extorsionistas. Sin embargo, aún se exige el pago de exacciones a los locatarios.

El director de la institución, Nery Ramos, informó que han sostenido reuniones con comerciantes para atender los problemas de inseguridad, sobre todo las extorsiones.

“Al principio hubo resistencia de algunos comerciantes a proporcionar datos de extorsiones, pero a través del trabajo de inteligencia de la Policía se ha podido determinar la forma en qué extorsionan en los mercados”, explicó Ramos.

En el caso del mercado de Jocotales, el director de la PNC señaló que han obtenido información del índice criminal en esa plaza y prometió detenciones.

“Estamos manteniendo la comunicación y seguimos a los extorsionistas para capturarlos”, aseguró.

Ramos resaltó que la Policía ha identificado y en los últimos meses capturó a varios extorsionistas que operaban en el sector comercial de la zona 6 y  que seguirán “resguardando el área”.

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