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Alumnos y maestros exigen el traslado de Q13.6 millones para escuelas

Docentes, estudiantes y padres de familia de los 49 centros educativos Fe y Alegría, exigieron este día al Ministerio de Finanzas que les entreguen los Q13.6 millones de este año para liquidar cuentas del ciclo escolar.

Alumnos de las escuelas Fe y Alegría piden que se garantice su derecho a la educación para el próximo año. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)

Alumnos de las escuelas Fe y Alegría piden que se garantice su derecho a la educación para el próximo año. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)


Según los afectados,ayer les dieron Q3 millones, pero son insuficientes y pone en riesgo la continuidad de estos centros educativos, pues no cuentan con la liquidez para el pago de docentes y gastos de funcionamiento.

De no hacerse efectivo el pago en los próximos días, los dirigentes de la institución aseguran que se afectará a 900 educadores, no se podrá comenzar el ciclo escolar 2016 y tampoco podrán finalizar de forma correcta el periodo 2015.

La presión comenzó con una protesta frente a la cartera de Finanzas, y después se trasladó  al Congreso para exigir la aprobación de la iniciativa de ley 4724-2013 que garantiza el pago anual a la fundación.

Dicha iniciativa ya tiene dictamen favorable y fue aprobada en primera lectura, pero quedó paralizada.

Explicaron que la normativa les garantizaría que el Congreo de la República asigne los Q38 millones anuales, y con eso atenderían a los 15 mil 200 estudiantes que tienen actualmente.

Las 49 escuelas Fe y Alegría tienen cobertura en Chiquimula, Guatemala, Huehuetenango, Petén, Quiché, San Marcos y Totonicapán.  

Nueva demanda

En febrero de este año los directivos de Fe y Alegría reclamaron el pago de Q9.9 millones que el Ministerio de Educación no había cancelado y que correspondía al contrato de 2014.

La situación provocó que en las escuelas se impartieran clases de forma irregular en los siete departamentos donde atienden, pues hubo paro de labores todos los lunes.

En esa ocasión, los representantes de la fundación aseguraron que si el Gobierno considera que no son necesarios para el país se retirarían tras 39 años de labor en Guatemala.