Óscar Zúñiga, director subregional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas al sur del departamento, explicó que en los últimos cinco años han decomisado 800 metros cúbicos de madera valorada en Q7.5 millones.

“Es complejo porque hay lugares donde la gente no tiene nada más que hacer, no tienen otra alternativa”, indicó.
El rosul y la caoba son las maderas preferidas por los traficantes, quienes buscan en las áreas con poca vigilancia estatal.

Redes

En el parque Sierra Lacandón han identificado que la tala se registra en el área de  Guayacán, a poca distancia de la frontera La Ceiba. Según el director del parque, Edin López, existe una iniciativa de organización llamada “comunidades en resistencia”, dirigida por Nuevo Paraíso, con grupos de tráfico de madera. “Se sospecha de autoridades involucradas.

También está la comunidad Guayacán. La gente impone la ley y las fuerzas de seguridad no pueden ingresar”, afirmó.
En Laguna del Tigre la tala ocurre más con fines de expansión de fincas para ingresar ganado.

Las últimas capturas y decomisos que hizo la División de Protección a la Naturaleza evidenciaron las técnicas empleadas por los grupos delictivos. Las autoridades detuvieron un camión que remolcaba una cisterna de combustible, todo parecía normal hasta que un policía subió a la plataforma y localizó una escotilla. Al abrirla halló madera.

Grandes decomisos

En cinco años han sido incautados 800 metros cúbicos de madera con un valor de Q7.5 millones.
Rosul y caoba son las maderas más buscadas por los traficantes.

Los grupos delictivos usan cisternas, camiones de propano, ganado y carros de heladeros.

Concesiones legales

Aunque existen muchas usurpaciones de tierras en el área protegida de la Reserva de la Biosfera Maya, también hay quienes han logrado obtener un acuerdo de permanencia legal con la condición de proteger los recursos.

Desde 1995, la intención de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop), que aglutina a 23 agrupaciones asentadas en distintas áreas del departamento, ha sido unir a las comunidades para gestionar la legalización de la permanencia en los lugares, luego de la creación del área protegida.

Mario Rivas, presidente de Acofop, explicó que están en trámite dos peticiones de concesión de La Colorada y El Molino. Las que están legalizadas manejan unas 190 mil hectáreas de manera sostenible, donde les permiten la tala controlada y reforestación.

Los comunitarios también contraen la responsabilidad de hacer patrullajes en el bosque. En 2015 hubo 250 caminatas de protección en al menos 300 kilómetros de la RBM.

En las 23 comunidades legalmente establecidas habitan no menos de 14 mil personas que invierten cada año Q2.5 millones de sus recursos en el bosque. Las personas han logrado establecer comercios que se dedican a la fabricación de muebles que comercializan en el departamento y que exportan a otras partes.

Iniciativas

Según Rivas existen proyectos para incrementar la llegada de turistas en el sector, y piden ser tomados en cuenta. Una de las propuestas estatales es la que pretende incrementar la llegada de personas hasta  El Mirador, sitio arqueológico al extremo norte de la RBM, por medio de un tren de pasajeros.

Además está el proyecto para reducir la emisión de gases por deforestación, que ya involucra a comunitarios, y esperan que en 30 años puedan reducir 37 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2e), en 717 mil hectáreas de la Reserva.

Apoyo comunal

• Acofop aglutina a 23 asociaciones que concentran a 14 mil habitantes en la Reserva.
• Tienen en concesión 190 mil hectáreas donde trabajan en reforestación y mantenimiento del bosque.
• En 2015 efectuaron 250 patrullajes en 300 kilómetros.
• El proyecto más grande es la reducción de CO2.