Decisión Libre 2015

Surge polémica por candidaturas

A un día para que se cierre el proceso de inscripción de candidatos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgen varias candidaturas polémicas que podrían tener algún impedimento según el artículo 113 constitucional.

Por Manuel Hernández

Salvador Gándara, Julia Maldonado, Alfonso Portillo, Baudilio Hichos, aspirantes a cargos públicos (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Salvador Gándara, Julia Maldonado, Alfonso Portillo, Baudilio Hichos, aspirantes a cargos públicos (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Ese artículo se refiere a que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Algunos señalados

Los candidatos a puestos de elección popular Julia Maldonado, Salvador Gándara, Baudilio Hichos y Alfonso Portillo podrían quedar fuera de la contienda electoral, tomando en cuenta que muchos de ellos no llenaría los referidos méritos.

A pesar de que Maldonado obtuvo su finiquito por la vía del amparo, su candidatura podría ser revocada si se revierte la acción otorgada por la Corte de Constitucionalidad.

Maldonado busca la reelección como diputada por Libertad Democrática Renovada (Líder)  y tiene un proceso penal en su contra por peculado, debido a que supuestamente utilizó para su beneficio Q3.4 millones cuando era directora del Consejo Nacional de la Juventud en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza.

A Portillo se le vedaría  su inscripción como candidato a diputado por el Listado Nacional por parte de la agrupación Todos  debido a que él ya se declaró culpable de haber recibido soborno y fue condenado por conspiración para el lavado de dinero en Estados Unidos.

Mientras que Hichos, diputado por Chiquimula, quien busca la reelección por Líder, fue denunciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público de asociarse para beneficiarse de una cotización irregular  por Q2 millones con una clínica del Seguro Social en ese departamento.

Aparte, el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, busca la vara edilicia del referido municipio por la alianza partidaria Creo-Unionista.

El TSE anunció recientemente que no aceptará candidaturas de personas con finiquitos razonados con anotación judicial.

Candidatura de Arzú

La polémica por la que al alcalde capitalino Álvaro Arzú se le debería rechazar su inscripción en el TSE para buscar un nuevo período en el cargo es que al cumplir 70 años debe renuncia al Concejo Municipal y este determinar si acepta o no la dimisión, según el artículo 46 del Código Municipal.

Salvador Gándara

El exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva tiene pendiente dilucidar algunos señalamientos, como la remodelación de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.

Julia Maldonado

La diputada por Libertad Democrática Renovada (Líder), quien busca la reelección, tiene un proceso penal debido a que supuestamente utilizó para su beneficio Q3.4 millones.

Alfonso Portillo

El expresidente fue declarado inocente del desvió de Q120 millones del Ejército pero se declaró culpable en EE. UU. de haber recibido soborno del Gobierno de Taiwán.

Baudilio Hichos

Diputado por Chiquimula de Líder busca la reelección, pero fue denunciado por la Cicig y el MP por asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en un caso del Seguro Social.

Investigan funcionarios

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha anunciado que mantiene investigaciones contra más funcionarios; sin embargo, aún no se han revelado más nombres de los posibles señalados.

En las últimas semanas, la entidad internacional ha destapado varios casos de corrupción que han alcanzado a altos  funcionarios del Gobierno.

Además, la Corte de Constitucionalidad mantiene engavetado el antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, quien fue señalado de tráfico de influencias por la misma Cicig en el caso del nombramiento de magistrados para Salas de Apelaciones por parte del Congreso.