Política

Desintervenciones son medida tardía

El levantamiento de las intervenciones a tres entidades estatales anunciado ayer por el presidente Otto Pérez Molina es visto como una medida tardía que no aliviará el malestar de la sociedad indignada y cansada de los casos de corrupción, coincidieron analistas.

Por Geovanni Contreras

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La Empresa Portuaria Quetzal fue intervenida el 25 de mayo de 2011 durante el gobierno de Álvaro Colom (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Empresa Portuaria Quetzal fue intervenida el 25 de mayo de 2011 durante el gobierno de Álvaro Colom (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Tras días de presión para que renuncie, el gobernante afirmó que se tomarán acciones por la “transparencia”, entre ellas retirar las intervenciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y el Aeropuerto Internacional La Aurora.

“El secretario general —de la Presidencia— está empezando a hacer los procesos legales para la desintervención y empezando a comunicar a cada ministerio e instituciones que pertenecen o conforman a esas juntas directivas para que empiecen a seleccionar a las personas que van a proponer para que el 1 de junio tomen posesión como directivas y cese la intervención en estos tres lugares”, indicó Pérez Molina.

Más tarde, el secretario Gustavo Martínez, refirió que la otra desintervención será en Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y que en realidad se estudia retirar ese control de Aeronáutica Civil.

Medida desesperada

El coordinador del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Édgar Gutiérrez, dijo que las medidas resultan poco trascendentes ante la magnitud de la crisis.

“Son reacciones tardías e insuficientes para atajar esta crisis que crece como bola de nieve. Parecen desesperadas”, expresó.

Asimismo, el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos, expuso que las instituciones intervenidas continúan debilitadas en su organización, pero que se debe exigir un mejor control.

“Quizá sea un buen momento para volver a rescatar la necesidad de reformas integrales que permitan reconocer no solo la transparencia y rendición de cuentas como un acto importante, sino la obligación que tienen los funcionarios de rendir cuentas sobre sus actos”, dijo.

Wilson Romero, analista del Instituto de Investigaciones Económico-Sociales, de la Universidad Rafael Landívar, coincidió en que el problema no es poner o quitar intervenciones, mientras la corrupción esté enraizada.

“Es irse por las ramas. Si no se quita el entorno donde se reproduce la corrupción, es una medida transitoria. Si en un terreno abonado por la corrupción se quita una planta, crecerá otra igual”, dijo.

Según José Carlos Sanabria, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, el mensaje es contradictorio porque indica que las intervenciones, inclusive en este gobierno, no eran la vía para combatir la corrupción, sino, por el contrario, sirvieron para tener el control de esas instituciones. “No creo que esta acción sea valorada desde la sociedad indignada y que ha rechazado la corrupción”, expresó