Crisis que atraviesa la PNC atenta contra la seguridad ciudadana

Mientras la violencia mantiene en zozobra a la población y las pandillas operan en un mayor número de municipios, la Policía Nacional Civil (PNC) atraviesa grandes deficiencias y afronta carencias que le dificultan  el cumplimiento de sus funciones.

Por Oscar Felipe Q. y corresponsales / Provincia

Autopatrullas y motocicletas se encuentran en total abandono, en uno de los parqueos de la PNC. (Foto: Hemeroteca PL)
Autopatrullas y motocicletas se encuentran en total abandono, en uno de los parqueos de la PNC. (Foto: Hemeroteca PL)

Analistas, líderes comunitarios y agentes de la Policía coinciden en que las principales falencias que afronta la institución han sido la falta de herramientas e insumos, como pocos autopatrullas, combustible y municiones racionadas; a estos se suma el reducido número de efectivos.

“No existen lugares dignos para que los agentes desempeñen su trabajo; comisarías sin servicios de agua, luz y sanitarios inadecuados. Esto va en contra de las leyes laborales”, comentó Lizandro Acuña, investigador del área de justicia y seguridad ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos  (Ipnusac).

Para Lizandro  Acuña, Analista Ipnusac, consideró que la PNC tampoco goza de la confianza de la población. “Un 43 por ciento desconfía  de ellos. La policía debe enfocar el trabajo en la prevención del delito”.

“La precariedad es producto de la corrupción que campesa  en esa institución. La Reforma Policial —emitida por acuerdo gubernativo el 22 de diciembre de 2010—  no se ha cumplido, se han abordado temas importantes, pero no existe un compromiso serio por parte del Gobierno”, comentó Acuña.

El analista agregó que hay casos de agentes que han pagado con su salario el combustible de los autopatrullas. “Eso afecta la economía familiar, por lo que algunos   han optado por involucrarse con el crimen organizado”.

La falta de control y por otros fenómenos, como la desintegración familiar, hace que en Suchitepéquez, Quetzaltenango y Chimaltenango, haya aumentado hasta un 20 por ciento la presencia de menores en  pandillas, según  Verónica Galicia, quien tiene a su cargo el Juzgado de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal.

Gerson López Rodas, secretario operativo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), comentó que existen acuerdos municipales  para contrarrestar las carencias, como pago de luz, agua y locales en alquiler.

Q4 mil 473 millones es el presupuesto asignado para Gobernación para este año.

En junio del 2015 salió a luz el desfalco de Q52 millones en la PNC, dinero que estaba destinado para remozar comisarías, pagar a proveedores de gasolina y la compra de repuestos para motocicletas y autopatrullas.

Actualmente existen 34 mil 759 agentes al servicio, para atender a 16.7 millones de guatemaltecos, por lo que se estima un promedio de una gente para 480 personas.

La situación ha alcanzado niveles altos de precariedad, ya que en agosto último Prensa Libre publicó que solo mil 500 autopatrullas están en funcionamiento óptimo para las 27 comisarías de la PNC en todo el país, de un total de cuatro mil 500 existentes. Se intentó obtener datos actuales, pero no se obtuvo respuesta del Ministerio de Gobernación, ni de la institución policial.



El dormitorio  de los agentes de la Comisaría  62, en Petén, es muestra de la crisis. (Foto Prensa Libre: Rigoberto Escobar)
El dormitorio de los agentes de la Comisaría 62, en Petén, es muestra de la crisis. (Foto Prensa Libre: Rigoberto Escobar)


Débil seguridad en occidente

La crisis que atraviesa la Comisaría 41, en Quetzaltenango, ha permitido que la delincuencia aumente. “En un monitoreo que se llevó a cabo los policías indicaron que no les daban suficientes balas, por lo que tienen temor de disparar, incluso se han visto en la necesidad de comprar sus municiones”, comentó Julio Aguilar, integrante de Red de Seguridad Democrática de Quetzaltenango.

90% de alquiler de las sedes es pagado por las comunas, según la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam.

Otro de los problemas  ha sido la deuda en pagos de alquiler y servicios básicos. Este año se conoció que la subestación 41-15, instalada en la zona 2 de Xela, arrastra una deuda de dos años de alquiler y Q3 mil en servicios públicos.

“En ocasiones los vecinos recaudan dinero para reparar la radiopatrulla, además de cancelar deudas de los servicios públicos”, comentó  Emilio Castillo, del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la zona 9 de Xela.

En Huehuetenango, agentes  señalaron que en el lugar existen varias carencias,  como  la falta de elementos que los obliga a trabajar  hasta 48 horas sin descanso, lo que afecta su rendimiento y viola sus derechos.

“En los operativos no tenemos derecho a viáticos; los debemos cubrir de nuestro salario. Otro caso es la compra de uniformes, que con insignias llegan a costar hasta Q2 mil 500”, comentaron.

San Marcos, con mas de un millón de habitantes, cuenta con al menos mil 200 agentes,  esto indica que por cada ocho mil habitantes hay un policía. A la Comisaria 42, que funciona en el lugar, se asignaron 137 autopatrullas, de los cuales solo 60 funcionan.



En Totonicapán,  10  de las 27 autopatrullas asignadas permanecen en mal estado; los agentes, por sus medios, tratan de repararlas. (Foto Prensa Libre: Édgar Domínguez)
En Totonicapán, 10 de las 27 autopatrullas asignadas permanecen en mal estado; los agentes, por sus medios, tratan de repararlas. (Foto Prensa Libre: Édgar Domínguez)


Otros casos

Escuintla, el segundo departamento con mayor índice de violencia a escala nacional, después de Guatemala, tiene mil 300 agentes. 

En Santa Rosa, el oficial   Edwin Velásquez, jefe de servicio de la Comisaría 32, indicó que cada día la situación empeora. “Hace unos meses redujeron el galonaje  de combustible para las unidades”, señaló.

  • Irma Gutiérrez,   vicepresidenta de los 48 cantones de Totonicapán, calificó de “deplorable” la falta de presupuesto para la PNC. “No es posible que los agentes paguen de su bolsa el combustible”.

En Retalhuleu, recientemente el  autopatrulla 043, que era conducido por un agente, supuestamente en estado de ebriedad, se estrelló en una vivienda, lo que causó un conflicto entre pobladores y   autoridades, que dejó   35 personas intoxicadas por gas lacrimógeno.

En Quiché, un agente  contó que  deben reportar el número de balas que disparan —incluso en las prácticas—, y eso implica que deben adquirir una caja de 50 unidades, con un valor de Q125.

En Petén, el departamento más grande, las carencias  de la PNC  son múltiples. No cuentan con sistema de radio. Solo en el área central, que abarca  Santa Elena, Flores,  y San Benito, tienen cinco autopatrullas en funcionamiento —de 13 asignadas—; de estas, dos las utilizan los jefes. Solo funcionan seis motocicletas   y 10 tienen desperfectos mecánicos.



El edificio  de la subestación  de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, está en condiciones no habitables. (Foto Prensa Libre: Oswaldo Cardona)
El edificio de la subestación de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, está en condiciones no habitables. (Foto Prensa Libre: Oswaldo Cardona)


En números

  • La PNC fue fundada el 7 de julio de 1997, por mandato de los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno y la URNG en 1996.
  • 34 mil 759 personas integran la PNC, entre agentes, oficiales y demás rangos, según datos otorgados por Jorge Aguilar, vocero de la institución.
  • 500 autopatrullas se encuentran en óptimas condiciones y están al servicio de las 27 comisarías del país. El total del parque vehicular de la PNC es de cuatro mil 500 vehículos, pero un alto porcentaje tiene desperfectos mecánicos.
  • Quiché cuenta   con un millón cien mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE); solo tiene asignados 500 agentes —un policía para cada dos mil personas—.
  • Totonicapán cuenta con 372 agentes para cubrir los ocho municipios. Tiene asignados 27 autopatrullas, de los cuales 10 están en mal estado.

*M. Longo, É. Domínguez, Ó. Figueroa, M. Castillo, R. Miranda, M. Sandoval, O. Cardona, A. Marroquín, J. Tizol, R. Escobar y C. Ventura