Persisten matrimonios forzados de adolescentes en la provincia

Los matrimonios arreglados o forzados son considerados una práctica arraigada que persiste en la provincia, especialmente en comunidades rurales.

Por Yanira Alvizurez y corresponsales

Las adolescentes indígenas son más vulnerables a ser obligadas por sus padres a contraer matrimonio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Las adolescentes indígenas son más vulnerables a ser obligadas por sus padres a contraer matrimonio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según Luisa Morales, representante de la oenegé  Luna, de Huehuetenango, es común observar que los  padres obligan a sus hijas a casarse con un  hombre mayor, especialmente en el área rural, donde aún predomina  el machismo.

Comentó que en algunos casos  las adolescentes son obligadas a contraer matrimonio con quien  sostuvieron relaciones sexuales,  con el objetivo de evitar la  deshonra de la familia.

“El entregar a una hija  a un hombre para que convivan se convierte en un alivio para el padre, porque representa una carga menos, sobre todo en  familias numerosas”, añadió Morales.

Cecilia Mérida, investigadora de la Facultad  Latinoamericana de Ciencias Sociales, la entrega de las   jóvenes muchas veces está vinculada con la cultura de las comunidades.

Karla Mendoza, trabajadora social del Área de Salud de Huehuetenango, dijo: “Hemos documentado casos en los que  adolescentes de entre 12 y 15 años   son obligadas a casarse y se convierten en madres a temprana edad.

Carlos Barreno, integrante de la directiva  de los 48 cantones de Totonicapán, indicó que  los lugares  donde más incidencia de matrimonios arreglados se registran son Momostenango, Santa María Chiquimula y Santa Lucía La Reforma.  

“Los padres escogen a las parejas o convivientes de sus hijas, pero en ocasiones ambos son menores de edad, quienes por la falta de educación sexual procrean a  niños a temprana edad; sin embargo,  es importante que       sepan que   existe una ley que prohíbe que los menores sean obligados a casarse, ya sea por responsabilidad o por conveniencia” añadió.

Casos

Casimiro Pixcar, vocero de la Alcaldía Indígena en Santa Cruz del Quiché, reconoció que    esa  práctica es común   entre la población indígena.  

Recordó  que uno de los casos más recientes ocurrió   en  Choaxán 1, en esa ciudad, donde  los padres de una joven expresaron: “Dimos a nuestra hija en casamiento a cambio de Q20 mil, con el fin de recuperar algo de lo que invertimos en ella”.

Pixcar añadió que    las autoridades ancestrales rechazaron la medida y optaron por  mediar en el conflicto, pues la adolescente, de 16 años, se fue a vivir con su esposo, 10 años mayor,  pero meses después  decidió dejarlo y regresar con sus padres, quienes  fueron obligados a devolver el dinero.  

Encargados  de la Unidad de la Mujer del Ministerio Público (MP), en  Quiché, informaron que   en lo que va del año han  recibido 750 denuncias  por violaciones a menores. Se calcula que 562 están ligados a esa  práctica.

Marvin Orellana, agente  de la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP en Quetzaltenango, dijo que actualmente se  investiga  el caso de un supuesto matrimonio forzado, en Cajolá, donde una niña de 13 años    fue vendida por sus abuelos, por  Q3 mil.

“Las niñas que son forzadas a contraer matrimonio a temprana edad son obligadas a desempeñar servicios domésticos y sexuales, además de sufrir violación de sus derechos a la salud y la educación, así́ como a la libertad física y psicológica”, dijo el antropólogo Jorge Martínez.

Luz Guzmán, coordinadora municipal del Observatorio de Salud Reproductiva en San Juan Ostuncalco,  señaló que pese a la modificación de la edad mínima, los matrimonios forzados continúan.

“En muchos casos, aunque no haya una boda  legal, se obliga a  las menores a convivir en pareja”, dijo.

Bodas de menores

La  Corte Suprema de Justicia autorizó, según  el acuerdo 12-2016, publicado el pasado 28 de junio en el Diario de Centro América, conocer y resolver las solicitudes de autorización de matrimonios entre menores de 16 años.

Según el acuerdo, una vez recibida la solicitud, el juez deberá pedir a la Procuraduría General de la Nación   una opinión sobre la petición, y dicho pronunciamiento deberá incluir   estudios psicológicos y   socioeconómicos de los interesados, donde se indique la estabilidad emocional  y condiciones para asumir las responsabilidades de la procreación.

Si el solicitante es mayor de edad, el estudio deberá establecer si estuvo casado con anterioridad, y cuáles fueron las causas por las que  se disolvió el matrimonio anterior.

Con aporte de corresponsales: M. Castillo, M. J. Longo, E. Domínguez y O. Figueroa