“No pedimos tierra nueva, es en restitución de lo nuestro, que el Estado les otorgó a otras comunidades y que pertenece a quienes estamos refugiados en México”, expresó Torrez.

El líder campesino señaló que confía en que el Gobierno cumpla, porque es un compromiso que asumió en el 2013, cuando se firmó un acuerdo que puso fin al conflicto por derechos relativos a la finca Yalcastán, donde fueron asentadas las comunidades Yalcastán Buena Vista y Yalcastán Ciénega.

Torrez recuerda que a sus 8 años debió abandonar su hogar, en Yalcastán, junto a sus padres y otras 45 familias, pero 34 años después se convirtió en líder de las personas que migraron, de los cuales solo 16 sobreviven, el resto son nacidos en aquel país.

El acuerdo, firmado en México, contempla el retorno de todas las familias a Guatemala, mediante el programa de Restitución Material que el PNR y el Programa de Acceso a la Tierra del Fondo de Tierras, impulsan.

Es un compromiso

Adolfo Otoniel Fernández, director del PNR, refirió que el compromiso fue redactado a petición de los refugiados, pero aduce que cumplirán con una ruta que establece que el 28 de abril serán entregadas las escrituras a los campesinos.

Agregó que se tienen previstos Q30 millones que se invertirán en la compra de la finca Chaquipur, en Alta Verapaz, y en impulsar una segunda fase del proyecto, que incluye el traslado de las familias, reubicación y garantizar las condiciones mínimas para habitar, así como la implementación de actividades productivas.

El conflicto armado interno, que duró 36 años —1960 a 1996—, dejó unos 250 mil muertos, 50 mil desaparecidos, un millón de exiliados y refugiados, 200 mil huérfanos y 40 mil viudas, según el informe Guatemala: Nunca más, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Faltan proyectos

Pese a que los acuerdos de paz  establecen   el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno, este año el Estado solo destinó   Q10.5 millones en proyectos de dignificación y  desarrollo social, según un informe del PNR.

Adolfo Otoniel Fernández, presidente del PNR, dijo que para los últimos días del 2016  cuentan con Q1.8 millones para ayudar a comunidades de San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Sololá.

El informe del PNR establece que solo 144 personas directas y 638 indirectas recibieron resarcimiento económico este año, con un monto  de Q2.07 millones.

Para la restitución material, el gasto fue de cerca de Q7.4 millones y  benefició a tres comunidades agrarias: Nueva Escocia, Nuevo Progreso, San Marcos; una  plantación de hule para  San José El Carmen, Patulul, Suchitepéquez, y un proyecto de vivienda en   Zaculeu, La Libertad, Petén.

Cerca de Q962 mil fueron invertidos en  proyectos de dignificación, desde colocación de monumentos para las víctimas y  construcción de panteones. Fernández dijo que para el próximo año  tienen  Q25 millones de presupuesto, lo que considera insuficiente.