Impera crisis carcelaria en la provincia

El sistema carcelario del país afronta la mayor crisis de hacinamiento de los últimos tiempos, lo que da lugar a amotinamientos con saldos mortales y fuga de reos, dos problemas que causan preocupación a integrantes de la sociedad civil, que consideran que las prisiones están en manos de los internos.

Por Oscar Felipe y corresponsales / Provincia

En noviembre del año pasado, se registró uno de los peores motines en la Graja Penal Canadá, Escuintla, que dejó 17 reos muertos. (Foto Prensa Libre: Carlos E. Paredes)
En noviembre del año pasado, se registró uno de los peores motines en la Graja Penal Canadá, Escuintla, que dejó 17 reos muertos. (Foto Prensa Libre: Carlos E. Paredes)

En la actualidad,  en los 21 centros de detención y rehabilitación  que administra  el  Sistema Penitenciario (SP) hay  19 mil 911 internos, cifra que supera en 300 por ciento su capacidad, pues  estos fueron diseñados  para resguardar a seis mil 800 reos.

Alexánder Toro, director del SP,  señaló que la falta de recursos para  construcción de nuevas prisiones  y el lento avance  de los procesos judiciales son algunas de las complicaciones que afronta la institución.

El funcionario restó importancia a las críticas de varios sectores de la sociedad, que han señalado que el país tiene el peor sistema penitenciario del mundo, debido al hacinamiento y falta de control en las prisiones.

Toro  solicitó al Congreso modificar algunas leyes para despenalizar varios delitos con cárcel preventiva, como el caso de pilotos involucrados en accidentes de tránsito o  de padres detenidos por negación de  pensión alimenticia.

La precaria situación  de las cárceles del país llevó a que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)  condenara  al Estado y señalara como responsables al Ministerio de Gobernación y al SP por las 188 denuncias que recibieron en el 2015 sobre violación del derecho a la integridad y a la seguridad de los reos, debido a los motines que se registraron a finales del año pasado  en Escuintla y Puerto Barrios, Izabal, que se saldaron con  la muerte de 25 reclusos.

A principios de enero también se reportó otro motín, en Chimaltenango, que  dejó  seis reos muertos.

“El primer derecho humano por el cual debe velar el Estado en una cárcel es la vida, y esto no se cumple”, lamentó Gerardo Villamar, defensor del Debido Proceso de la PDH, en declaraciones a Prensa Libre, el 8 de enero último, en las que señaló que  en el 2015 se registró la muerte de 104 personas en las cárceles del país, de las cuales, 57 fueron en forma violenta.



La cárcel  de Puerto Barrios, Izabal,  está ubicada  en la zona  urbana, lo que causa temor entre vecinos. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)
La cárcel de Puerto Barrios, Izabal, está ubicada en la zona urbana, lo que causa temor entre vecinos. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)


Temibles y abarrotadas

La falta de control  de las autoridades en los centros de detención  se ve reflejada en los dos   de Escuintla,  la Granja Modelo de  Rehabilitación Canadá y la Cárcel de Alta Seguridad El Infiernito,  donde con frecuencia ocurren  motines y fuga de reos,  lo que causa zozobra entre los pobladores del sector.

La Granja Modelo de  Rehabilitación Canadá fue construida en la década de 1970,  para albergar a 600 reos; sin embargo, a la fecha resguarda a dos mil 698.

Situación similar sucede en  El Infiernito, donde  hay 276 reclusos, a pesar de haber sido  construida para  cien. De esa cárcel, el 22 de octubre del 2005  se fugaron 19 reos, algunos condenados a pena de muerte, y el 29 mayo del 2015 escaparon otros cinco.

En Izabal, la situación también es complicada, ya que hasta diciembre último, en un recinto que fue acondicionado para 400 personas  estaban recluidas 987. Además, la prisión se ubica en la zona urbana de la ciudad, lo que causa temor entre  vecinos, por  los  frecuentes incidentes.

En Cantel, Quetzaltenango, la Granja Penal Cantel también  se enfrenta al  problema de hacinamiento, pues tiene capacidad  para 625 reos, pero conviven mil 910, lo que ha sido causa de constantes enfrentamientos entre ellos.

Un recluso del Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché lamentó que además del hacinamiento  hay corrupción por parte de agentes del  SP, que por ingresar un teléfono celular cobran Q400 —Q200 para el guardia y Q200 para el encargado de sector—, por una botella de licor,  Q300, y por una libra de marihuana,  Q500.

Durante la visita, nuestros familiares deben soportar que algunos presos fuman marihuana”, comentó el reo.

Viven con temor

A los problemas  dentro de las cárceles se  suma  el creciente  temor de quienes  viven en los  alrededores de estas, pues    aseguran ser  víctimas de  extorsiones  que  coordinan los  presos, y  de asaltos que cometen sus parientes  o integrantes de sus bandas, que migran para estar cerca de ellos.

Martín Alvarado, vecino de la zona 1 de Xela, donde se encuentra una prisión, señaló que los pobladores temen ser víctimas de los enfrentamientos que  se registran entre parientes de los reos.

“La cárcel no debe  estar aquí, pues es una zona residencial. Los vecinos se quejan porque los niños no pueden salir a la calle porque familiares de los reos acosan a las jovencitas”, explicó.





“Da pena pasar frente a la cárcel, pero yo lo tengo que hacer cuando voy a la universidad”, refirió  Alejandra Morales.

René Aceituno, presidente de la Asociación de Periodistas de Izabal, manifestó que es necesario establecer una mesa de diálogo  para solicitar que la cárcel sea retirada del casco urbano.

"Es un riesgo para todos que el centro penal permanezca en medio de la ciudad, ya que la Policía no puede accionar  durante un amotinamiento o una fuga.  Hay casas cerca de la  cárcel y en caso de enfrentamiento, los vecinos quedan entre fuego cruzado”, advirtió.

Con información de C. Paredes, C. Ventura, D. Stewart, V. Chamalé, O. Cardona, V. Gómez, O. Figueroa, R. Escobar, M. Castillo, M. Popá, J. Tizol, R. Miranda