Fuerzas de seguridad
El IGI agrega que el promedio mundial de policías es 332 por cada cien mil habitantes. Por ejemplo, México tiene 355; Colombia, 347 y Honduras, 154.
Según diagnósticos efectuados por el Centro de Investigaciones, Económicas Nacionales (CIEN), para 2010 el país contaba con 17 policías por cada 10 mil habitantes.
“Al dividir esa cantidad de policías entre tres turnos —que es el sistema actual en Guatemala— (PNC, 2011), quedan alrededor de 5.7 policías por cada 10 mil habitantes, diariamente, a nivel nacional”, refiere uno de los estudios.
El CIEN destaca que al comparar los datos con los promedios de policías por habitantes de Centroamérica —25 por cada 10 mil habitantes— se observa que Guatemala no llega al promedio regional —34—, y que solo está por encima de Honduras, que tiene mayores niveles de violencia que Guatemala y Nicaragua, que posee problemas de seguridad distintos.
Con respecto a los países latinoamericanos aquejados por el narcotráfico, Guatemala apenas tiene la mitad de los policías que el promedio, y con capacidades inferiores a los de México, Colombia y Perú.
A marzo del 2015, según el CIEN, se reportan 30 mil 739 agentes, de estos 29 mil 378 activos, lo que equivale a 181.6 policías por cada cien mil habitantes si se incluyen solo los activos. En total, administrativos, directivos y agentes, la PNC tiene 33 mil 106.
Falta presencia
En la actualidad el MP cuenta con 23 fiscalías distritales y 34 municipales, las cuales no se han ampliado debido a falta de presupuesto. En tanto el personal fiscal del MP si se ha aumentado —tres mil 505 elementos, entre fiscales, auxiliares, oficiales y agentes de seguridad—.
Según el informe Desafíos actuales de la justicia Penal, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la cobertura geográfica del MP alcanza el 33 por ciento del territorio nacional, mientras que el IDPP —otro actor importante en justicia— observa un estancamiento al contar con 36 sedes departamentales y municipales, que cubre alrededor del 10 por ciento del territorio nacional.
“Frente a la cobertura del 33 por ciento del territorio nacional que posee el MP y el ciento por ciento de los municipios que tiene el OJ, la presencia institucional del IDPP es extremadamente baja y se encuentra condicionada fundamentalmente por la falta de presupuesto”, menciona el documento.
El informe también analiza la función del Inacif, observa el crecimiento en las solicitudes atendidas y resalta que el personal se mantiene sin mayor movimiento por limitaciones presupuestarias.
Lorena Escobar, experta de Asíes, indicó que esa disparidad de presencia hace inoperante el sistema de justicia. “Se tienen jueces, pero hay pocos fiscales que acusen, y entonces se acumulan las denuncias y la investigación, pero al presentar un caso y acusación no hay defensores públicos”, expresó.
Agregó que las reformas al sector justicia buscan el desarrollo profesional que debe tener un juez dentro del sistema para tener un servicio de calidad en la aplicación de la justicia. “Para mejorar problemas operativos y financieros se necesita mayor asignación de recursos y aquí ya entramos a materia financiera y recaudación tributaria”, puntualizó.
- Carrera
- El analista Javier Monterroso comenta que, además de la cantidad de jueces, se debe considerar lo cualitativo para mejorar la carrera judicial.“Es positivo que se esté implementando una carrera judicial que llegue hasta jueces de apelaciones (…). No es nada más que tengamos más jueces, deben estar lo suficientemente capacitados y supervisados”.
- Fortalecer
- Francisco Quezada, analista del CIEN, señala que es difícil definir el número ideal de policías y aunque el promedio es menor con países en similares condiciones de criminalidad, es necesario efectuar un estudio antes de aumentar los policías.Resalta que de nada sirve que se incrementen los números de agentes si no se les dota del equipo necesario.
- Específico
- Abelardo Medina, experto del Icefi, indica que está claro que no solo para el sector justicia se requiere de mayor presupuesto e invertir más. Agregó que en el corto plazo lo mejor sería establecer un impuesto específico para el sector justicia, como planteó Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a personas con ingresos muy altos.
