Por el momento han declarado Arturo Adolfo Castellanos Poou, Ramiro Lorenzana, Amparo Lotán, Édgar René de la Peña y Otto Fernando Molina Stalling, así como dos enfermeras. Molina Stalling es hijo de la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.
Amparo Lotán, una de las acusadas, indicó que como integrante de la Junta Directiva del IGSS, no se benefició con la adjudicación del contrato a la Droguería Pisa, incluso, dijo que entregó los estados de cuenta donde detalla que no recibió dinero.
Lotán explicó que fue ella quien pidió a la Junta Directiva que se investigaran las denuncias, pero en una reunión, los gerentes del Seguro Social indicaron que era una campaña de desprestigio que se estaba dando desde un teléfono celular, por lo que su opinión no fue tomada en cuenta.
Según los últimos registros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 40 personas fallecieron y 108 fueron afectadas por los malos servicios prestados por Pisa.
“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”, dijo Mollina Stalling, recordando a Martin Luther King, al comenzar su declaración.
El hijo de la magistrada separada agregó: “Nunca me asocié para cometer algún delito”. Además, argumentó que el MP cometió algunas ilegalidades cuando le interceptaron las llamadas de su teléfono celular. Según Molina Stalling se interceptaron 45 comunicaciones antes del 27 de octubre de 2014, cuando fueron autorizadas las interceptaciones.
Molina Stalling se negó a responder el interrogatorio del MP, a quien acuso de haberlo tratado de manera “denigrante”.
Dos enfermeras, que fueron parte de la junta de licitación que adjudicó el contrato con Pisa, también acusadas, finalizaron las declaraciones de este martes. Ambas indicaron que sólo cumplieron órdenes.
MP sostiene acusación
El MP, durante el juicio, ha presentado pruebas que documentan el fraude en la contratación del servicio de diálisis peritoneal ambulatorio, para los pacientes con insuficiencia renal afiliados al Seguro Social.
La Fiscalía ha presentado escuchas telefónicas, que evidencia momentos de la negociación para que el Seguro Social contratará a dicha Droguería a cambio de sobornos. Otras comunicaciones refieren a momentos posteriores al contrato fraudulento.
El contrato para la prestación del servicio de diálisis peritoneal ambulatoria se adjudicó a Pisa en octubre de 2014. Y según se constató, para enero, la empresa carecía de una sede para atender a los pacientes y cambiarles el conducto para efectuar el tratamiento que anteriormente recibían con la empresa Baxter.
Acusados
- Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López (expresidente del IGSS)
- Julio Roberto Suárez Guerra (exintegrante Junta Directiva)
- Julio Amparo Lotan Garzona (exintegrante Junta Directiva)
- Max Erwin Quirin Schoder (exintegrante Junta Directiva)
- Álvaro Manolo Dubón González (subgerente administrativo)
- Doris Elubia González Salazar (exintegrante Junta de Licitación)
- Mayra Lissbeth Gómez Suárez (exintegrante Junta de Licitación)
- Alba Maritza Maldonado Gamboa (exintegrante Junta de Licitación)
- Delia Haydee Castañon Guerra (exintegrante Junta de Licitación)
- Carmen Yadira Gil Quiñónez (exintegrante Junta de Licitación)
- Otto Fernando Molina Stalling (exasesor del IGSS)
- Herbert Rodolfo García-Granados Reyes (particular)
- Edgar René de la Peña Archila (exgerente de ventas, Droguería Pisa)
- Ramiro Armando Lorenzana Ortíz (exdirector general, Droguería Pisa)
- Arturo Adolfo Castellanos Poou (exmédico del IGSS)
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