Justicia

Aldana solicitará audiencia judicial

Hermano e hijo del mandatario son arraigados por juzgado, son vinculados a caso de corrupción en caso Botín Registro de la Propiedad.

Por H. Pocasangre J. Gramajo y M. Hernández

La Fiscal General, Thelma Aldana anunció en Quetzaltenango que en los próximos días pedirá la audiencia en el órgano contralor para que lleguen los familiares del Presidente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Fiscal General, Thelma Aldana anunció en Quetzaltenango que en los próximos días pedirá la audiencia en el órgano contralor para que lleguen los familiares del Presidente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Estimo que en pocos días vamos a estar solicitando la audiencia ante el órgano contralor para las acciones que correspondan después del análisis y la investigación preliminar que podamos realizar”.

Con esas palabras ofrecidas a Guatevisión el miércoles por la noche en Quetzaltenango,  la fiscal general, Thelma Aldana, se refirió a los próximos pasos que el Ministerio Público (MP) dará en el caso que involucra a familiares del presidente Jimmy Morales.

El Juzgado para Diligencias Urgentes   dictó arraigo contra José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, luego de que lo solicitara el MP.

La Fiscal  añadió que ya conoce los testimonios que rindieron los citados, además del de “Abdy Sucely Estrada, que es la mamá de quien era novia de Juan Manuel Morales”. 

Medida

El arraigo cobró vigencia a las 23 horas del pasado miércoles. El MP investiga si el hijo y el hermano del presidente habrían participado en el caso denominado Botín Registro de la Propiedad.

Prensa Libre informó ayer que el hermano del mandatario reconoció que le hizo “un favor” a su sobrino al conseguirle una factura por Q90 mil del restaurante Fulanos & Menganos, para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad.

Heinz Hiemann, vocero de la Presidencia,  consultado sobre si los familiares del presidente se encontraban en el país, respondió  que no podía confirmarlo porque no son funcionarios, pero que los vio en persona el miércoles, “en la tarde-noche”.

Abogado arremete

Gustavo Barreno, abogado defensor de los Morales, afirmó ayer a la agencia EFE que alguien, a quien no identificó, se está “atreviendo a tomar este caso” para “atacar políticamente” al mandatario.

Según EFE, Barreno se quejó de que la Fiscalía no le ha dado acceso a las pruebas contra sus clientes, y enfatizó que el hijo del mandatario tomó la decisión de “dejar de estudiar” en el extranjero.

Análisis

Politólogos consideran que estos hechos  debilitan la figura del mandatario ante la opinión pública, al punto de  que puede tener problemas más adelante para impulsar alguna iniciativa.

El politólogo José Carlos Sanabria comentó que el arraigo de los familiares del gobernante y la negativa de este a hablar del caso “alimentan y agudizan la crisis que  enfrenta, y de alguna forma deberá pronunciarse”.

Rubén Hidalgo, experto en política, afirmó que los señalamientos al círculo más cercano del presidente “no contribuyen a recuperar la credibilidad en los funcionarios públicos”.

Implicación legal 

Delito sería fraude o estafa

Fraude podría ser el delito que le imputen al hijo del gobernante y a su hermano, según el abogado penalista David Pineda, quien opina que con la información que la Fiscalía ha proporcionado y las declaraciones que han dado los involucrados, el señalamiento mencionado es una calificación probable para solicitar orden de captura contra ellos.

Para el constitucionalista y penalista Ovidio Orellana se podría tratar de estafa, por la alteración de una factura en la que el comprador era el Estado. El profesional indicó que el hijo del mandatario sería el autor, por haber iniciado la gestión de búsqueda del documento, y el tío sería su cómplice.

Ambos abogados coinciden en que al presidente lo podrían involucrar solo si la investigación determina que tuvo conocimiento cuando ocurrieron los hechos, razón por la cual se  solicitaría proceso de  antejuicio.

Pineda justifica el fraude con que hubo venta sin tener una empresa constituida y autorizada por el Estado, mientras que Orellana insiste en estafa, por la alteración de la factura y la venta de algo que no estaba documentado.