Justicia

Amplían querella contra magistrado Vladimir Aguilar

Fiscalía tiene declaración testimonial que señala que el exprocurador  y actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vladimir Aguilar, sabía que contrato era ilegal.

Por Manuel Hernández

El contrato que da vida a la Terminal de Contenedores Quetzal pudo haberse declarado lesivo en el 2013 (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El contrato que da vida a la Terminal de Contenedores Quetzal pudo haberse declarado lesivo en el 2013 (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio Público (MP) amplió  el 5 de mayo último  la solicitud de antejuicio promovida contra  Aguilar, al obtener  declaración testimonial y documentos que indican que  cuando fue procurador general de la Nación  no tomó en cuenta la opinión de la consultora legal de la institución, quien le advirtió de algunas inconsistencias en  el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La ampliación se hace a la denuncia presentada por los diputados de Encuentro por Guatemala, quienes señalan a Aguilar de incumplimiento de deberes, por no haber actuado en favor de los intereses del Estado e informado que el proceso se había llevado conforme lo establecieron los dictámenes de sus antecesores.

La consultora legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Vilma Martínez, relató a los fiscales que ella elaboró un dictamen en el que señaló las inconsistencias del contrato y cómo quedó al final el dictamen en el que Aguilar afirmó que la postura institucional era la que se ha plasmado en dictámenes anteriores y que no estaba dentro de su competencia declarar lesivo ningún contrato.

La abogada, aparte de su declaración testimonial, entregó al MP el dictamen de cinco páginas que redactó, en el que se describen 13 inconsistencias en el contrato.

La ampliación ya fue elevada a la CSJ, luego de que Silvia Morales, jueza novena de Instancia Penal, se inhibió de conocer el caso porque no tiene competencia para hacerlo.

El Congreso deberá conocer el expediente y determinar si es pertinente retirarle el antejuicio a Aguilar. Una pesquisidora de ese organismo conoce el antejuicio contra Douglas Charchal, magistrado de la CSJ, por tráfico de influencias en el caso.

Prensa Libre intentó localizar a Aguilar, pero este cambió de número telefónico y fue imposible localizarlo.





Sin elegir bufete

La procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, manifestó que a pesar de que se ha conversado con dos bufetes de abogados, que darían acompañamiento para presentar la demanda de nulidad del contrato entre Puerto Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal, aún no han recibido propuestas de los profesionales.

Omar Barrios, consultor externo de la Procuraduría General de la Nación, manifestó que este proceso podría costar unos Q80 millones o más, ya que se necesita un grupo fuerte de abogados con experiencia.