López Gálvez es señalada del delito de financiamiento electoral ilícito, por supuestamente haber proporcionado fondos irregulares al Partido Patriota (PP) durante su campaña electoral en 2011.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), descubrieron que el Patriota se agenció de fondos para ganar las elecciones en 2011.
 
Además, al haber llegado al Gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habrían negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.

Aldana indicó que la investigación derivó de los documentos que fueron localizados luego de que se realizaran allanamientos en 2015, y que saliera a luz el caso La Línea.

Aldana calificó la situación como una cooptación de las entidades del Estado, mientras que Velásquez destacó el descubrimiento de tres grupos de lavado: empresas pantalla, empresas de papel y empresas cambistas y de transportes de valores.