Entre sus atribuciones estaba la de revisar los informes de actividades de los empleados, que se adjudicaban para justificar las contrataciones. No obstante, Luna le aseguró al tribunal que él no podía constatar la veracidad de esos informes, pues se los remitía el mismo Registro.

La fiscalía buscaba probar que esta debilidad en la inspección permitió a De León contratar personal que no se presentaba a sus labores o que no llenaba las cualidades exigidas para el puesto que tenían.

Además, el MP determinó que Suray Vásquez no se presentó a trabajar, luego de entrevistar a varios miembros de la Unidad de Archivo de Documentos y a quien, según la documentación del Registro, era la jefa inmediata de Suray Vásquez, y ninguno lo ubicó en el que debía ser su puesto.

Desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución, de acuerdo con las pesquisas.

Vásquez es señalado de los delitos de por peculado por sustracción en la causa penal.

Servicios no prestados

Luna también le aseguró al tribunal que él no participó en ningún convivio o desayuno para empleados porque nunca los hubo.

De acuerdo con el MP, el Registro pagó por servicios que no se realizaron, incluido un banquete para todos los empleados que costó aproximado de Q150 mil y fue facturado a una empresa vinculada con Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente de la República Jimmy Morales.

En el juicio están involucrados un total de 23 personas.

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