Justicia

Autoridades sin investigar negocios opacos

Durante la administración de Otto Pérez Molina, diversos negocios de entidades públicas han sido anulados, ante los señalamientos de mal manejo de los fondos estatales.

Por Jerson Ramos

Señalamientos de corrupción originaron el cierre de varios contratos públicos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Señalamientos de corrupción originaron el cierre de varios contratos públicos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Pese a que los contratos podrían ser lesivos para el Estado, las acciones de las autoridades judiciales son nulas o inexistentes, debido a la falta de denuncias o a la lentitud de los procesos de investigación.

El caso más reciente se registró entre la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán y la empresa M. Tarcic Engineering Ltd., la cual se encargaría, supuestamente, de limpiar dicho cuerpo de agua.

Esa firma ofreció verter un líquido cuyo efecto principal era frenar y revertir la contaminación del Lago. El contrato, que fue cancelado, era por Q137.8 millones.

La Procuraduría General de la Nación planteó una denuncia contra M. Tarcic Engineering Ltd., para que devuelva los Q22.8 millones que ya se le pagaron.

Un análisis del líquido, efectuado por el Ministerio de Salud y la Fiscalía de Medio Ambiente, evidenció que los componentes del producto son agua y sal. La exvicepresidenta Roxana Baldetti apoyó este contrato, al igual que la ministra de Ambiente Michelle Martínez.

Enfermos renales

Recientemente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) canceló un contrato suscrito con la Droguería Pisa, la cual brindaba tratamiento a enfermos renales afiliados a la institución, por Q116 millones 227 mil 35.

El 14 de mayo recién pasado, la junta directiva del Seguro Social determinó rescindir el millonario contrato con Pisa, ante la posibilidad de que el tratamiento a los afiliados no fuera el adecuad, pues habría ocasionado la muerte de 13 enfermos renales y complicaciones de salud para otros.

En abril de 2014 se rescindió un contrato para la construcción de la Plaza 13 Baktún en el aeropuerto La Aurora, pero fue reactivado en marzo de este año.

Justificación

Luego de los señalamientos, las autoridades responsables de los negocios han dejado sin efecto los contratos, con la justificación de incumplimiento de alguna cláusula o compromiso pero sin ninguna consecuencia judicial.

Sin responder

En el Ministerio Público (MP) se canalizan los casos que podrían resultar opacos para la Fiscalía contra la Corrupción, a cargo de Alexánder Villeda.

Se intentó consultar a Villeda sobre la falta de acciones judiciales contra entidades que intentan estafar al Estado, pero no respondió las llamadas a su teléfono móvil.

Contratos cancelados por irregularidades

Amsa

M. Tarcic engineering Ltd

Q137.8 millones

Igss

Droguería Pisa

Q116.2 millones

Mingob

Glock América S.A.

Sin datos

SAT

Kolektor

30% de impuesto cobrado

Migración

Security Assistance Group Guatemala S.A.

Q878.9 millones

DGAC

Aeropuerto La Aurora

sin datos

EPQ

Terminal de Contenedores Quetzal

Q4.09 millones al mes en 2013

Información pertinente

El economista José Ramón Lam, consultor independiente, considera importante el hecho de advertir a las autoridades cuando se tenga información sobre actos irregulares en la administración pública, específicamente cuando se trata del manejo de fondos estatales.

“El problema es que no se presentan las denuncias, lo cual es sumamente necesario. El MP puede y debe actuar, siempre y cuando haya una denuncia”, explicó.

Para el exministro de Finanzas Édgar Balsells Conde, el conflicto se origina porque los órganos ejecutores del gasto adoptan una modalidad de autónomos, debido a que la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, asigna los montos y responsabiliza a las entidades.

“Deberían ir muy de la mano la auditoría interna, la Contraloría General de Cuentas y el MP. Simplemente se trata de revisar los procesos”, afirmó Balsells Conde.

Descripción imagen

UsufructoLa Empresa Portuaria Quetzal dejó de percibir casi Q5 millones del canon mensual durante 2013, que debía pagar la Terminal de Contenedores Quetzal por un usufructo autorizado por el Gobierno.

Arrendamiento

Descripción imagen

La CGC pidió la suspensión del alquiler de un área del Aeropuerto La Aurora, donde funcionaría una terminal de combustible, por no seguir los procesos legales establecidos.

Migración

Descripción imagen

La CGC detectó que el contrato con Security Assistance Group Guatemala S.A. para la modernización del control migratorio por Q878.9 millones, sobrevalorado hasta 10 veces su costo real.

Kolektor

Descripción imagen

La SAT canceló las negociaciones con la empresa argentina que iba a prestar asesoría para incrementar la recaudación fiscal.

Armas y uniformes

Descripción imagen

En abril del 2013 el Mingob canceló el contrato con Glock América, S.A. que suministraría tres mil pistolas a la PNC. También desató críticas la erogación de Q15 millones en equipo.

Droguería Pisa

Descripción imagen

El Igss firmó un conttrat por Q116.2 millones para el tratamiento de enfermos renales. Fue rescindido por la mala calidad de la atención que causó la muerte de 13 pacientes.

Limpieza del Lago

Descripción imagen

Amsa contrató a la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. para limpiar el agua del Lago de Amatitlán con un costo de Q137.8 millones.