Estrada Barrientos emitió un voto disidente y explicó que no se debía otorgar el beneficio.

La funcionaria permaneció 51 días en la cárcel para mujeres Santa Teresa, zona 18, derivado de la orden que el juez séptimo penal, Adrián Rodríguez, dictó después de haberla ligado a proceso por tráfico de influencias.

Los señalamientos que en su contra hacen el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala detallan que se habría aprovechado de su función en la CSJ para que el tribunal que conocería el juicio por el caso IGSS-Pisa otorgara la libertad a varios de los procesados, entre ellos, su hijo Otto Fernando Molina Stalling.

La medida que sustituye la prisión por arresto domiciliario incluye la prohibición de que Stalling se acerque o comunique con el juez Carlos Ruano, quien la denunció.

También se ordenó a la Dirección General de Migración que se impida a la magistrada salir del país, si no muestra una autorización judicial.

Solicitud

Stalling logró recuperar su libertad después de haberlo intentado dos veces. En ambas ocasiones planteó una apelación para revertir la decisión de Rodríguez.

En la primera, la Sala Tercera anuló la parte de la resolución del juez, en la que se ordenó el formal ingreso de la funcionaria a prisión, por considerar que no había sido debidamente fundamentada.

Cuando Rodríguez emitió nuevamente su fallo, confirmó el anterior, en el que había señalado que Stalling podría perjudicar el desarrollo de la investigación en su contra si permanecía en libertad.

La segunda apelación de la magistrada se basaba en el argumento de que la prisión preventiva es una medida muy severa.

Error

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, la resolución que favorece a Stalling es un error, porque el contexto del proceso que se sigue contra esta no la hace merecedora de permanecer en su casa.

“Vemos con preocupación la resolución porque la magistrada fue capturada en el momento en que intentaba fugarse, estaba disfrazada y armada, se resistió al arresto y amenazó con dispararle a los agentes de la Policía que iban a detenerla”, dijo.

Ibarra enfatizó su inquietud respecto del beneficio otorgado a Stalling, porque podría volver a su despacho en la CSJ, continuar con una actitud de prepotencia o no respetar las restricciones y acercarse a Ruano u otros trabajadores del Organismo Judicial que fueron  testigos en el proceso en el cual se le retiró la inmunidad.

“En este caso no debió darse una medida sustitutiva. Sabemos que la prisión no siempre es la mejor respuesta, por su severidad, pero en el caso se encuentran todos los requisitos  por los cuales no se debe dar el beneficio”, finalizó.