El MP lo señala de cometer los delitos de falsead material, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y casos especiales de estafa.
Carrillo Hernández logró que el sábado pasado la Sala Segunda de Apelaciones ordenara el desalojo de la subestación, ubicada en la 2a. calle 14-00, colonia El Maestro, zona 15, sin embargo se determinó que su alegato era sin fundamento pues el terreno era propiedad del Estado y él se había apropiado de forma ilícita.
Melvin Torres, jefe de la Fiscalía Distrital Metropolitana del MP explicó en conferencia de prensa que para lograr el desalojo, el detenido presentó dos escrituras públicas donde hacía constar que en 1983 compró la propiedad a otro hombre identificado como Rogelio Estrada y que este a su vez la compró, en 1959, a Raúl Figueroa Valle, el dueño original del terreno.
Se explicó que aprovechando que en el Registro de la Propiedad se extraviaron dos folios, Carrillo Hernández convenció al juez primero de Primera Instancia Civil a comenzar una diligencia de reposición de folios, con el propósito de que estos fueran sustituidos con sus documentos.
Con el reemplazo de los folios 199 y 200 del libro dos mil 66, el supuesto estafador se acreditó como el dueño de la propiedad y la vendió a un proyecto de desarrollo habitacional por un valor de US$1 millón 100 mil, de los cuales ya había recibido US$100 mil.
Según consta en el contrato, la negociación se concretaría cuando pudiera desalojar a la PNC.
Las pruebas
Según el fiscal, el libro dos mil 66 fue habilitado el 10 de marzo de 1988, cinco años después de la fecha de la supuesta compra de Carrillo Hernández.
Además, la escritura que supuestamente respalda al dueño de la propiedad fue redactada el 31 de enero de 1983, pero los testimonios que el abogado debe enviar al archivo de Protocolos, al Registro de la Propiedad y al Juzgado de Primera Instancia Civil, fueron escritos en hojas de papel sellado que fueron vendidas en septiembre de 1985.
Otro de los hallazgos es que el abogado que supuestamente constituyó la escritura, Daniel Álvarez Reyes, solo autorizó 20 instrumentos públicos en 1983, pero la escritura que presentó el supuesto dueño del terreno tiene el número 22.
También se determinó, por medio de un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que ni la firma ni el sello del abogado que autoriza pertenecen a Álvarez Reyes.
Según el MP las investigaciones en contra de Carrillo Hernández comenzaron hace dos años, pero el pleito por el terreno donde se ubica la subestación comenzó en el 2005.
