El Ejecutivo autorizó este monto el 31 de diciembre pasado, con el argumento de transformar a esas localidades en polos de desarrollo para la industria de manufactura. Las reacciones de distintos sectores, incluso entidades internacionales, fue en rechazo a la medida que fue calificada de desigual y violatoria de Derechos Humanos.

En la CC se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la decisión, una por la Procuraduría de los Derechos Humanos y otra por una entidad sindical; ámbas fueron conocidas este jueves por el pleno.

Martín Guzmán, secretario general de la CC, explicó que la decisión del pleno se basó en el artículo 138 de la Ley de Amparos y Exhibición Personal, que se refiere a que la corte “deberá decretar, de oficio y sin formar artículo, dentro de los ocho días siguientes a la interposición, la suspensión provisional de la Ley, reglamento o disposición de carácter general si, a su juicio, la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables”.

El pleno otorgó 15 días de plazo para que el presidente Alejandro Maldonado Aguirre presente sus argumentos sobre la autorización de este salario, el mismo tiempo se le concede a los ministerios de Economía, Trabajo, Instituto Nacional de Estadística y cuatro confederaciones sindicales, además del Ministerio Público para fundamentar sus opiniones.

La última palabra

El presidente Alejandro Maldonado, luego de recibir las cartas credenciales de varios embajadores en el Palacio Nacional de la Cultura, calificó de normal la resolución provisional de la Corte y dijo que será ésta la que tenga “la última palabra en materia constitucional”.

Agregó: “Yo asumí la responsabilidad política de emitir los acuerdos que contienen esos salarios diferenciados o calificados… ahora la parte jurídico constitucional corresponderá al Tribunal, cuya resolución todo el mundo debe acatar cuando se produzca”.

Maldonado insistió que la decisión de decretar en cuatro municipios salarios por debajo del mínimo es una manera de llevar otras opciones de trabajo y desarrollo a la provincia.

“Hoy mismo fueron asesinadas tres personas que sí gozaban del salario mínimo, pero que tal será el desempleo que hay en Guatemala que por ese salario aceptan ese trabajo tan riesgoso y peligroso. Si hubiera tanta oportunidad de trabajo, yo no aceptaría uno que dejaría a mis hijos en la orfandad”, insistió Maldonado.

Decisión previa

La CC había declarado inconstitucional la aplicación de estos salarios diferenciados; la primera resolució fue emitida el 8 de septiembre del 2015 después de que el gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina estableció un monto mínimo de Q1 mil 500 para trabajadores de esos cuatro municipios.

El martes pasado, Maldonado Aguirre defendió sus acuerdos y aseguró que los magistrados consideraron inconstitucional fue el moto aprobado con anterioridad y dijo que no habría inconveniente con el fijado por él.

Ese día, el mandatario pronunció un discurso acalorado con el cual se enfrentó a pobladores de Masagua, Escuintla, que le reclamaron por autorizar salarios que se consideran una violación a los derechos humanos y laborales.