“El dictamen de la PGN, el cual se emite bajo circunstancias extrañas, porque no se le solicitó opinión, ningún procedimiento, nos indica que debemos dejar sin efecto la decisión del exministro. Es un dictamen que a mi criterio no es vinculante; por lo tanto, no tengo por qué atender”, refirió.

El ministro dijo que el proceso —licitación— fue distinto a como se conciben las cosas, primero porque fue bajo el modelo de excepción, lo cual no comparte.

“Se invitó a participantes, lo cual, a mi criterio, debió ser un proceso abierto donde participaran las personas o entidades que quisieran. La forma del financiamiento es un acuerdo con un costo alto para la realidad de Guatemala, US$109 millones. Además, con una serie de requisitos que en algún momento la Contraloría General de Cuentas hizo ver que no se cumplieron”, aseguró el funcionario.

El proyecto fue cuestionado en su momento porque en Honduras se otorgó un contrato similar, 10 veces más barato.

Rivas aseveró que en reunión de Gabinete, el lunes último, el director general de Migración le explicó al presidente cómo iba el proceso y le entregó una carta de empresarios del turismo en la que solicitan que se mantenga sin efecto el negocio.

“En aras de la transparencia, que las cosas se hagan honestas y de conformidad a la Ley, se me instruyó que se analizara y se tomen acciones, y la respuesta será la misma”, expresó.

Impuesto

El acuerdo gubernativo 30-2014 establecía que el control migratorio sería autofinanciable, pues guatemaltecos y extranjeros estaban obligados a pagar US$15 por impuesto de ingreso o salida del país.

El proyecto buscaba implementar recursos tecnológicos de última generación que permitieran almacenar y gestionar en bases de datos robustas y seguras los registros biométricos y documentales de las personas que ingresan y salen del territorio.