Justicia

Corte confirma fallo contra minera en La Puya

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la suspensión de la actividad minera que se realiza en el sector conocido como La Puya,  entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Por Jerson Ramos / Guatemala

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San San José del Golfo
La Puya es el nombre con el que se conoce la resistencia de los vecinos de los municipios, comenzó en 2012 con un plantón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Puya es el nombre con el que se conoce la resistencia de los vecinos de los municipios, comenzó en 2012 con un plantón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La decisión se tomó porque el Ministerio de Energía y Minas no consultó a las comunidades de la localidad su posición por  los trabajos de extracción.

La resolución del máximo tribunal del país fue emitida el pasado 30 de mayo, e indica que la referida cartera omitió efectuar la consulta.

Con lo cual se negaron derechos que se establecen en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene rango constitucional.

La decisión de la CC confirma el la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 5 de agosto del 2016, cuando amparó provisionalmente a las comunidades de La Puya.

La Corte Suprema consideró que vieron como una violación a sus derechos las operaciones de la mina Progreso VII Derivada, de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.

Antecedentes

El 30 de septiembre del 2011 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó el derecho de exploración de productos mineros de oro y plata a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A,  por un plazo de 25 años.

El 29 de agosto del 2014 el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), interpuso una acción constitucional de amparo.

Calas alegaba que “era obligación del Estado de Guatemala contar con la participación de los pueblos indígenas en decisiones que puedan afectarles, consultarles y obtener su consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales”.

La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene registrados mil cien conflictos, incluyendo los sociales, por los temas de energía, minería y diferencias por tierras.

El año pasado, el ministro de Ambiente, Sydney Samuels, dijo que la mina Progreso VII, Derivada debe cerrar operaciones porque ya existe una resolución de los tribunales en ese sentido.