Guatemala

CSJ da trámite al antejuicio contra magistrado Vladimir Aguilar

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite este miércoles a la solicitud de antejuicio presentada contra el magistrado y exprocurador General de la Nación Vladimir Aguilar por su presunta implicación el caso de corrupción TCQ

El Congreso conformará una comisión pesquisidora que decidirá si procede retirarle la inumunidad al magistrado de la CSJ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca Pl)

El Congreso conformará una comisión pesquisidora que decidirá si procede retirarle la inumunidad al magistrado de la CSJ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca Pl)

La votación fue unánime dijo el presidente de la CSJ, Ranulfo Rojas al concluir la sesión. En el  pleno no estuvo presente el magistrado Douglas Charchal, quien perdió la inmunidad por el mismo caso de corrupción. 

El pleno resolvió la petición remitida por el Ministerio Público al Organismo Judicial (OJ) en abril. Está pendiente que la Corte resuelva la otra petición de antejuicio que presentó al OJ la Fiscalía Especial con la Impunidad.

Qué sigue

El proceso será enviado al Congreso donde se conformará una comisión pesquisidora que decidirá si levanta la inmunidad a Aguilar para que sea investigado.

En abril

El pasado 26 de abril la bancada Encuentro por Guatemala, denunció en el MP al magistrado  Aguilar por asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.

Qué sabe el MP

El Ministerio Público, obtuvo una declaración testimonial y documentos que indican que  cuando fue procurador general de la Nación  no tomó en cuenta la opinión de la consultora legal de la institución, quien le advirtió de algunas inconsistencias en  el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La consultora legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Vilma Martínez, relató a los fiscales que ella elaboró un dictamen en el que señaló las inconsistencias del contrato y cómo quedó al final el dictamen en el que Aguilar afirmó que la postura institucional era la que se ha plasmado en dictámenes anteriores y que no estaba dentro de su competencia declarar lesivo ningún contrato.

La abogada, aparte de su declaración testimonial, enregó al MP el dictamen de cinco páginas que redactó, en el que se describen 13 inconsistencias en el contrato.

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