“En ningún momento pensé que algo así pudiera llegar tan lejos. Realmente lo vi como algo que cualquier guatemalteco podría hacer”, declaró, y agregó: “fui muy inocente a la hora de actuar, no obré queriendo defraudar a nadie. Simplemente fue algo que hice por querer ayudar”.

En consideración de expertos esto es una muestra de una cultura de corrupción que se ha desarrollado el país desde hace mucho tiempo, la cual, bajo ninguna circunstancia, exime de los castigos que acarrea cometer actos ilícitos.

Para Carlos Aníbal Martínez, experto en socioeconomía, “la cultura de la corrupción ha estado tan generalizada que ya se ve como normal”.

“Esto no puede ser interpretado como un fenómeno cultural que debe aceptarse. La cultura de la corrupción pareciera ser normal, pero eso no quiere decir que deba aceptarse”, aseguró Martínez, quien destacó: “por largas décadas  ha existido completa corrupción”.

Situación complicada

Mario Coyoy, contador público y auditor, comentó que es innegable que en Guatemala existe un gran sector informal que no paga impuestos y “parte de la población sigue con ese tipo de prácticas” de comprar o conseguir facturas.

Datos del Ministerio de Trabajo revelan que en el 2016 la población económicamente activa era de 6.6 millones de personas y que siete de cada 10 trabajadores laboraban en la informalidad.

Óscar Chile Monroy, experto en el sector fiscal, señaló que el caso en el que está el hijo del presidente tiene una connotación fuera del ámbito fiscal, ya que el Ministerio Público señala irregularidades en un proceso de adquisición con el Registro de la Propiedad que se encuadran en fraude.

“Hay una mala cultura tributaria y una ausencia de cobertura de la fiscalización. La adquisición de facturas es una mala práctica que no se ha combatido, pero el hecho de que exista no la legaliza y tiene consecuencias legales”.