Guatemala

Analistas ven así el presente y futuro de Cicig

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó su décimo informe de labores en un momento álgido por la ofensiva que preside Jimmy Morales.

Iván Velásquez, director de Cicig, y representantes de los organismos de Estado, a excepción del presidente Jimmy Morales, participan en la presentación del informe de la comisión. (Foto: Esbin García)

Iván Velásquez, director de Cicig, y representantes de los organismos de Estado, a excepción del presidente Jimmy Morales, participan en la presentación del informe de la comisión. (Foto: Esbin García)

Respecto al presente y futuro de la comisión y la lucha contra la corrupción e impunidad, Prensa Libre consultó a tres analistas, que se expresaron en este sentido:  

José Luis González Dubón: Debe apegarse al mandato

El integrante de la Liga Propatria destacó que la Cicig no tiene iniciativa de ley ni está dentro de sus funciones presentarlas.

“Creo que lo que la Cicig debe hacer es cumplir con sus funciones que están en el acuerdo celebrado entre la ONU y Guatemala. Más allá no tiene otra cosa que hacer”, señaló.

Desafortunadamente las prácticas que se han implementado en los diferentes casos siempre comienzan con un colaborador eficaz o un testigo protegido, que en la mayor parte de los casos a resultado ser falso. No hay verdaderas investigaciones en el país.


El experto no cree que la actuación de la Cicig sea un desafío al Ejecutivo y añadió: “Ellos tienen una agenda delimitada y lo que hacen es seguir con ella. Precisamente esa ha sido la razón por la cual toda la gente que ellos tienen cooptados se ha opuesto a la salida del comisionado —Iván Velásquez—, porque ya no podrían cumplir con esa agenda. Para nadie es un secreto, la convivencia que hay entre la fiscal General —Thelma Aldana—, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el comisionado”.

González Dubón indicó que la Cicig debería concentrarse en trasladarle las capacidades al Ministerio Público y que este pueda profundizar en la investigación.

“Es lo único que no ha hecho, porque desafortunadamente las prácticas que se han implementado en los diferentes casos siempre comienzan con un colaborador eficaz o un testigo protegido, que en la mayor parte de los casos  a resultado ser falso. No hay verdaderas investigaciones en el país”, afirmó.

El experto considera que a este ritmo  la Cicig nunca logrará trasladar las capacidades de investigación a la Fiscalía. “Si no lo han logrado en 10 años,  no lo van a hacer en 20 o 30 porque no es esa la intención”, señaló.

Manuel Villacorta: Ciacs contra la Comisión

“Nos estamos acercando a un punto de inflexión total, una batalla abierta que coincide con el nuevo embajador de los EE. UU., con una nueva forma de manejar el tema”, expresó el politólogo.

Agregó que en este momento la Cicig está orientada a profundizar la lucha contra la corrupción y existe una tendencia a retomar el origen fundamental de lo que eran los cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad (Ciacs).

Se abre una nueva línea de trabajo porque se entendió que estos grupos paralelos, no forzosamente muy conocidos y verdaderamente poderosos, siguen teniendo incidencia en la delincuencia organizada.


Villacorta afirmó que se ha entendido que la lucha contra la impunidad y la corrupción no va a tener el éxito que se espera si no se combate a  esos grupos paralelos.

“Se abre una nueva línea de trabajo porque se entendió que estos grupos paralelos, no forzosamente muy conocidos y verdaderamente poderosos, siguen teniendo incidencia en la delincuencia organizada”, enfatizó.

Para Villacorta existen grupos pequeños pero con mucho poder fáctico,  vinculados con los grupos paralelos de poder, que se dedican a cometer actos muy precisos como trata de blancas, robo de vehículos, narcotráfico y depredación de maderas.

“La Cicig lo que hace es ampliar el radio de acción del combate del crimen organizado, hay un combate más abierto, más selectivo, y a la vez continúa la lucha contra la corrupción”, explicó.

Para el politólogo se evidencia que hay una especie de lealtad delictiva  de los grupos o personas que se sienten afectados en la lucha contra la corrupción, independientemente de a qué sector representen, desde el momento en que están inmersos en acciones ilícitas.

“Se perfila un punto de inflexión con el aparecimiento del alcalde —Álvaro Arzú— como una persona que va estar liderando un movimiento contra la Cicig, y también se perfila un cierre de acciones por otros sectores afectados”, añadió.

María Alejandra Morales: Cicig puede sugerir reformas

La politóloga opina que es obvio que en la actualidad existe una tensión entre el Ejecutivo y la Cicig, pero pese a eso  el trabajo del comisionado Iván Velásquez ha sido destacable.

“Son innegables los resultados obtenidos durante la gestión de Iván Velásquez, que han resultado sumamente positivos para empezar ese trabajo de fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones que durante muchos años fueron cooptadas y por lo tanto se encuentran debilitadas”, afirmó la experta.

El mandato incluye cualquier otra acción que contribuya al fortalecimiento de las instituciones, entiéndase por esto la propuestas que puedan ser necesarias para cambiar el sistema.


Agregó que ve importante que el comisionado hable de proponer reformas para atacar la corrupción; sin embargo, se deben considerar los tiempos.

“Hay que aclarar que el trabajo de la Cicig en Guatemala no es solo el de combatir y pelear esta lucha en contra de la corrupción. El mandato incluye cualquier otra acción que contribuya al fortalecimiento de las instituciones, entiéndase por esto la propuestas que puedan ser necesarias para cambiar el sistema”, expuso Morales.

La experta destacó que es importante que la ciudadanía tenga claro que la Cicig sí puede proponer reformas, aunque considera que este no es el momento para hacerlo.

“Es algo que debe trabajarse de la mano del Ejecutivo, y existiendo la tensión que observamos en la actualidad, este trabajo podría verse obstaculizado”, señaló.

Morales indicó que es necesario que el Ejecutivo y el Congreso alcancen algún consenso para aprobar las reformas necesarias para el país.

La politóloga indicó que si el Ejecutivo interpreta la intención de la Cicig como un desafío, “la lectura política la tiene mal, porque es indudable que la Cicig ha operado como la maquinaria que se necesita para demoler un edificio que ya no funciona; eso es lo que era el sistema guatemalteco”.