La diputada Nineth Montenegro informó que las acciones buscan que se investigue y deduzcan responsabilidades penales contra las personas vinculadas con casos de corrupción.

En la querella se incluye a Saúl Oliva, jefe de la Unidad   Contencioso Administrativa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien fue procurador general al 13 de febrero del 2015, cuando  la institución solicitó a una sala de Apelaciones  que la demanda por el contrato con TCQ fuera archivada.

El caso salió a luz cuando Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora es colaborador eficaz del caso TCQ, afirmó a la Fiscalía que “el negocio del usufructo se cerró en  Cancún”, el Martes Santo del 2013, y que se iban a recibir US$30 millones como coima para lograr la negociación.

De ahí se derivó la captura de 10 personas y se citó al expresidente Otto Pérez Molina y  Baldetti, para que rindieran primera declaración por lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Dio validez

En cuanto a Robles, los diputados afirman que cuando estaba al mando de la PGN, esta institución, con el dictamen 4068-2012, de fecha 31 de agosto del 2012, recalcó y dio por válido el camino que el Ejecutivo tomó para suscribir el contrato de usufructo oneroso.

Robles contestó a Gustavo Martínez, en ese entonces secretario general de la Presidencia  y quien solicitó a la PGN una opinión relacionada con el contrato  de usufructo entre TCQ y la EPQ: “el negocio jurídico en cuestión no contraría normas de carácter constitucional, ni leyes ordinarias, y es acorde a las normas jurídicas sustantivas y procedimentales aplicables a la naturaleza del contrato”.

Aguilar, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es señalado por los parlamentarios  de haber obviado su solicitud de declarar lesivo el contrato cuando estuvo al frente de la PGN.

“La postura institucional está plasmada en los dictámenes anteriores referidos y que no está dentro del ámbito de nuestra competencia declarar la lesividad de ningún contrato”, se lee en la opinión firmada por Aguilar el 18 de abril del 2013.

El presidente Jimmy Morales adelantó que la nulidad será el camino por tomar, aunque pidió tiempo hasta mañana para revelar los detalles del proceso.

“Yo les pido que tengan el tiempo de aquí al jueves, en donde se va a plantear lo que es evidente: es un negocio de algunas personas que ya  están siendo señaladas por actos de corrupción”, expresó.

“No es que yo le quiera corregir la plana a la procuradora general de la Nación, pero es que los temas de nulidad no es el presidente el que tiene que declararla, sino   el abogado del presidente, y ni siquiera del presidente, sino del Estado, de la Nación, y el abogado del Estado de la Nación se llama Procuraduría General de la Nación”, señaló Morales.

Actual PGN

La denuncia presentada por los diputados podría abarcar a la actual procuradora, María Eugenia Villagrán, debido a que en su mandato el abogado Oliva presentó las acciones para archivar la demanda planteada por Montenegro.

Prensa Libre intentó obtener la opinión  de Aguilar y de Robles pero no respondieron las llamadas a sus celulares. Comunicación social de la PGN indicó que no se podía contactar a Oliva porque se encontraba en una reunión en la que discutían la demanda planteada.

Decisión en firme

“En el tema de la declaración de nulidad, eso es un hecho que se tiene que hacer, y la base legal está más que planteada”, afirmó ayer el presidente Jimmy Morales, acerca del contrato con TCQ.

Sin embargo, será hasta mañana cuando se conozca el procedimiento completo y exacto que se seguirá para la nulidad, y los dos caminos analizados son el embargo de bienes y la intervención judicial.

El mandatario tendrá al menos tres reuniones, entre ayer y hoy, con ministros y “especialistas”, para evaluar las implicaciones legales, económicas y políticas.

“En el tema jurídico-legal, el tema procesal es importante. ¿Se va a hacer por la vía penal o por la vía civil? En el tema económico, de los casi US$200 millones invertidos, ¿quién va a ser el responsable de cada uno de estos fondos?”, afirmó el presidente.

También recordó que representó pérdidas los casos de Corfina y Celgusa, y Fegua.

Proceso jurídico

Los magistrados de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo indicaron a Prensa Libre que el proceso se abrió a prueba el pasado 20 de abril, periodo que finaliza el 1 de junio.

Los magistrados indicaron que el proceso se atrasó debido a que se plantearon distintos incidentes y que al final fueron rechazados.

Los jueces de lo Contencioso esperan que los dejen trabajar, ya que darán un veredicto apegado a Derecho. Que en ningún momento los diputados pidieron medidas cautelares.