La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el 14 de marzo de 2012, la SAT presentó tres querellas contra le empresa Aceros de Guatemala, S.A, en las que señalan a esa entidad de simular compra venta de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

“Por ejemplo, el hecho que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros que no fueron localizados por la SAT, y otros que estaban fallecidos”, indicó Aldana.

Sin embargo, en agosto de 2012, Aceros de Guatemala obtuvo una resolución favorable del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala, y se archiva el caso, pero el MP apela esa decisión.

Una sala de Apelaciones benefició al ente investigador, por lo que los autos regresaron al juez Séptimo para continuar con el proceso.

Coordinación

En medio de la investigación del caso La Línea –por el cual están en prisión preventiva los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti–, en escuchas telefónicas se obtienen de este nuevo caso, afirmó el jefe de la Cicig, Iván Velásquez.

“Se lograron documentar dos eventos: uno relacionado con la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa”, precisó.

Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, incluidos dos intendentes, para alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias, añadió.

Esos movimientos incluyen al entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también capturado por el caso La Línea.

El comisionado explicó que la empresa denunciada contrató, a su vez, a Tres Puertos para solucionar su caso. Es decir, Marroquín actuó como un articulador entre Aceros de Guatemala, Tres Puertos, y la SAT.

Ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó la jefa del MP.

Las tres querellas originales de 2012 fueron por una defraudación de Q255 millones 612 mil.

Velásquez hizo ver que la devolución del crédito fiscal, por Q11.8 millones, a Aceros de Guatemala, también se hizo en forma fraudulenta. Todo coordinado y documentado por Marroquín.

Aldana agregó que hay más evidencias localizadas en el celular de Marroquín, específicamente con una tabla de Excel, por lo que se le imputarán los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo.

Los delitos que se le imputan a los integrantes de la estructura –capturados el viernes último- son: asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, y colusión.