Justicia

Expediente del diputado Julio Juárez fue elevado a juzgado de mayor riesgo

Juzgado Octavo Penal aceptó el memorial del Ministerio Público y trasladará el expediente del diputado Julio Juárez a uno de mayor riesgo. El diputado es señalado del asesinato de dos periodistas en Mazatenango y fue sancionado en diciembre de 2017 por EE.UU. con la Ley Magnistky.

Por Glenda Sánchez y Natiana Gándara / Guatemala

El diputado Julio Juárez (de pie) es señalado de ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
El diputado Julio Juárez (de pie) es señalado de ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El proceso penal abierto en contra del diputado Julio Juárez Ramírez, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fue trasladado al juzgado de Mayor Riesgo B a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, por solicitud del Ministerio Público (MP).

Juárez es señalado por el MP como presunto autor intelectual del atentado en el que murieron dos periodistas en Suchitepéquez, en marzo del 2015.

El Juzgado octavo de primera instancia aceptó el memorial del MP y trasladará expediente del diputado Juárez para que sea conocido por el juez Gálvez.

El congresista fue sometido a un proceso para retirarle la inmunidad y así facilitar una investigación penal en su contra.

Después de que la Corte Suprema de Justicia decidió quitarle el antejuicio al parlamentario, se trasladó el expediente al Juzgado Octavo Penal, quien dio el seguimiento correspondiente.

De igual manera, se tramitó el expediente en contra de los sicarios que ultimaron a los periodistas Danilo Sapón López y Federico Salazar. La Fiscalía argumentó en su solicitud que el proceso en contra de Juárez debía ser conocido en donde se encontraba la carpeta judicial más antigua.

Hipótesis del ataque

Según las investigaciones, el objetivo era ultimar a Sapón López, pero las balas alcanzaron a Salazar, quien también murió.

El MP afirmó que el ahora diputado Juárez Ramírez (entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez) pactó con dos intermediarios, Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reina -detenidos hoy-, quienes a su vez instruyeron al grupo de sicarios de la banda, que se encargó de vigilar la casa de López, seguirlo el día del crimen y matarlo en el parque central de la cabecera.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala señaló que el crimen se produjo en momentos en los que Juárez tenía "contradicciones" con López respecto a la candidatura para alcalde de Cuyotenango, Suchitepéquez, por el partido Líder.

Juárez, quien tenía el apoyo de las bases partidarias y además designaba a los candidatos locales, se oponía a que el contratista Érick López Posadas fuera el aspirante a la comuna de Cuyotenango, y a quien, según la investigación, apoyaba el periodista López.

Finalmente, Juárez consiguió remover a López Posadas de la postulación para ubicar ahí a Debora Karina Borrayo Lima, esposa de Paredes Palacios, y quien hoy fue detenida en los operativos por tener en su casa un carro con reporte de robo.

Lo anterior se basó en los mensajes que intercambiaron Juárez con el periodista y que las autoridades obtuvieron desde el teléfono de la víctima.

Sancionado por EE.UU.

La Ley Magnitsky es una normativa de EE.UU., la cual tiene carácter global y señala que quienes sean sancionados conforme a esa medida, tendrían varias restricciones como el retiro de la visa hacia ese país y la prohibición de que ingrese al territorio por cualquier motivo.

Juárez fue sancionado conforme lo que señala la Ley Magnitsky por su vinculación a violaciones de derechos humanos, por los cargos en su contra en el caso de la muerte de los comunicadores.

También se indican sanciones de tipo financiero y comercial, como el embargo de los bienes y cuentas bancarias que posea en esa nación, así como la prohibición para que ciudadanos y empresas puedan realizar transacciones con cualquier entidad vinculada al diputado.

Por último, se establece que la persona sancionada sería incluida en la lista de criminales especialmente designados, de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, en la cual figuran narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas y pandillas en todo el mundo.