Son parte de una estructura de más de 30 a quienes la PNC identifica como “corner gánster” sindicados de ataques y de cobrar extorsiones a empresas del transporte extraurbano.

Las investigaciones posteriores de ese caso permitieron a la Fiscalía de Delitos contra la Vida establecer una nueva modalidad del cobro de la extorsión.

La pesquisa comenzó después de las denuncias presentadas por  transportes Guadalupe y Orellana, que cubren las rutas hacia Antigua Guatemala. El cobro de las extorsiones dejó tres lesionados, tres fallecidos y el hallazgo de 10 cuentas bancarias utilizadas de febrero a octubre del 2016, refiere una fuente de la fiscalía.

Las escuchas telefónicas determinaron que los extorsionadores, entre ellos seis adolescentes, exigían a los pilotos comprar un teléfono a su nombre. “Comprá un teléfono de Q200, de lo que nos debés, nos llamás a este celular y nos das el número”, fue una de las exigencias.

Las demandas aumentaron después del anuncio ,en julio del 2016, de que los teléfonos celulares prepago o tarjeteros que no fueran registrados por sus propietarios ante las compañías operadoras corrían el riesgo, en octubre de ese año, de ser desactivados del sistema por considerarse anónimos.

La treta usada por los pandilleros garantizó ,durante algún tiempo, el cobro de la extorsión por medio de teléfonos registrados.

En otras ocasiones las víctimas recibieron comunicaciones con el siguiente mensaje: “Usted está recibiendo una llamada del Centro Preventivo de Máxima Seguridad Fraijanes 1”, detalla la fuente.

Los reos pueden comunicarse de teléfonos autorizados por el Sistema Penitenciario y el número de llamadas no está regulado, afirman los fiscales entrevistados.

Distribuidores propios

En la medida en la que el proceso de actualización de los teléfonos avanzó, los extorsionadores también idearon nuevas formas para agenciarse de aparatos propios.

Los medios de investigación con que cuenta la Fiscalía establecieron que con fotocopias de DPI falsos,

Vendedores ambulantes de celulares pudieron haber comprado teléfonos con fotocopias de DPI falsos para darlos a la estructura. 

La audiencia en la que el juez decidirá si enfrentan juicio será el próximo lunes y los acusados podrían enfrentar cargos por asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, conspiración de obstrucción extorsiva de tránsito, traslado ilegal de armas de fuego, traslado ilegal de municiones y portación ilegal de armas de fuego.