Stalling es señalada de supuestamente haber buscado beneficios para su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien es procesado por el caso de corrupción denominado IGSS-Pisa, por la contratación irregular de la Droguería Pisa para dar tratamiento a los enfermos renales afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La decisión que  benefició a Stalling fue emitida por dos votos en contra de uno, y se argumentó que no existía ningún peligro de que la magistrada huya de la justicia o que perjudique el proceso penal que se tramita en su contra.

El voto disidente señala que sí existe la posibilidad de que la magistrada perjudique el desarrollo de la pesquisa en su contra, si se mantiene en libertad.

El análisis estuvo a cargo de los magistrados Jaime González y Edith Pérez, quienes optaron por beneficiar a Stalling, mientra que Beyla Estrada determinó no darle su voto.

El historial de González en la administración de justicia se remonta al 2009, cuando fue magistrado suplente. En la elección del 2014 fue electo como magistrado titular y se le asignó como presidente de la Sala Tercera. Fue sancionado por la Junta de Disciplina Judicial por haber firmado un acta de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se hacía constar una reunión del pleno en la que no participó.

Pérez es magistrada suplente, electa por el Congreso en el proceso del 2014.

Recusa a juez

Stalling acudió ayer al Juzgado Séptimo Penal, donde se tenía programado informar al MP y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que la funcionaria busca separar al juez Adrián Rodríguez del caso que se sigue en su contra.

La diligencia no se desarrolló porque la magistrada acudió sin la compañía de abogado defensor, pues a quienes le asistieron en el principio desde el 8 de febrero último, cuando fue detenida, se les declaró el abandono del cargo.

En los pasillos del cuarto piso de la Torre de Tribunales, previo a ser retornada a la cárcel para mujeres Santa Teresa, zona 18, Stalling dijo que desconoce qué ocurrirá con la libertad que le fue decretada, pues el juez no puede conocer el caso hasta que se resuelva la recusación.