Justicia

Fiscalía tiene más de 80 pruebas contra sindicados en caso El Cambray

Seis de 32 afectados han declarado que les autorizaron licencias para reparar sus casas, pese a que las autoridades municipales sabían de los informes que consideraban a la zona como de alto riesgo.

Por Claudia Palma

Personas afectadas en el deslave del Cambray 2, , realizaron una manifestaci—n pacifica enfrente del Ministerio de Comunicaciones en donde exigieron la entrega de las casas.    (Foto Prensa Libre Estuardo Paredes)     
Personas afectadas en el deslave del Cambray 2, , realizaron una manifestaci—n pacifica enfrente del Ministerio de Comunicaciones en donde exigieron la entrega de las casas.    (Foto Prensa Libre Estuardo Paredes)     

Declaraciones testimoniales, levantamientos de cadáveres, pruebas documentales, álbumes fotográficos, entre otros, forman parte de las 80 medios de prueba, que hasta ahora, tiene la Fiscalía de Delitos Administrativos contra los procesados por el derrumbe ocurrido El Cambray 2, Santa Catarina Pinula, hoy hace un año —incluidos los alcaldes Antonio Coro y Víctor Alvarizaes—, explicó el fiscal Paolo Similox.  

Seis de 32 afectados que han sido citados a declarar en los últimos días a la fiscalía admitieron que la comuna les otorgó licencias para mejorar sus casas, después, incluso, de que las autoridades conocieron los informes de alto riesgo en el lugar.

Hace un año, 206 personas fallecieron, según la cifra que manejan las autoridades y el comité de vecinos, cuando parte del cerro cayó y soterró decenas de viviendas.

Tragedia advertida

A finales del 2001 fue emitido un acuerdo gubernativo que advirtió que la zona de El Cambray era de riesgo, pero ya una constructora había vendido para entonces 165 lotes; cada propietario había hecho su gestión del Impuesto Único Sobre Inmuebles (Iusi)  y las casas habían sido construidas, comenta Similox.

“Tampoco el acuerdo decía que después de declarado como de alto riesgo el  lugar debía ser desalojado”, agrega el fiscal. Pero sí contenía una advertencia de que “al momento de haber riesgo” debían tomarse las medidas emergentes correspondientes.

A mediados del 2014  los vecinos se quejaron con el alcalde auxiliar de El Cambray de que el cauce del río Pinula había empezado a dañar las viviendas. La Dirección de Planificación de la municipalidad de Santa Catarina Pinula hizo varias inspecciones y redactó informes con fotografías en el que advirtió del desprendimiento que había comenzado a tener la montaña y “lo más importante es que dejó claro que este continuaría”, afirma Similox.

El exalcalde Coro recibió una investigación de este riesgo en noviembre del 2014 y su sucesor Alvarizaes recibió otro en marzo del 2015, es decir, las autoridades tenían en su poder dos informes además del que elaboró la  Dirección de Planificación Municipal y “nunca se ordenó el desalojo”, agrega el Fiscal.

El 1 de octubre, hace un año, estaba previsto que comenzara a funcionar el “Programa de Mejoramiento a la Población”, este tampoco contemplaba ningún desalojo del área afectada, agrega.

Herbert Oliva, abogado defensor de Alvarizaes afirma que la única institución que tiene la obligación para prevenir los desastres es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).  El jurista rechaza que la responsabilidad primaria sea de la Coordinadora Municipal de la Reducción de Desastres, un segundo nivel de la Conred, a cargo del alcalde.



El Cambray 2 en Santa Catarina Pinula, fue soterrada casi en su totalidad por el desprendimiento de un cerro, luego de varios d’as de lluvia (Foto Prensa Libre Estuardo Paredes)
El Cambray 2 en Santa Catarina Pinula, fue soterrada casi en su totalidad por el desprendimiento de un cerro, luego de varios d’as de lluvia (Foto Prensa Libre Estuardo Paredes)


Oliva afirma que , en primera instancia,  la obligación de prevenir el desastre correspondía al  Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en ese entonces, a cargo de Alejandro Maldonado. ” No es como la fiscalía lo quiere hacer ver”, agrega.

Prensa Libre intentó comunicarse con el defensor de Antonio Coro, el abogado Byron Carrillo pero no respondió las llamadas.

Fiscalía tiene más de 80 pruebas contra sindicados en caso El Cambray