Posteriormente el MP presentó una apelación en contra de dicho amparo. “Fue conocido por la CC y nos dieron la razón”, explicó el fiscal.

“En ese momento la Sala Cuarta había resuelto el amparo en definitiva y se había dejado sin efecto la inmovilización. Presentamos otra apelación y hoy la CC nos notificó que resolvió otorgarnos la apelación de amparo. Por tal motivo queda en pie la inmovilización de cuentas”, detalló González.

Agregó que no tenía el dato exacto de la cantidad de cuentas inmovilizadas. “Son todas las cuentas que tienen en los bancos del sistema”, mencionó.

El fiscal expresó que la medida busca inmovilizar las ganancias que pudo obtener la estructura.

Ligados a proceso

El 3 de marzo último el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso penal a 15 personas vinculadas con la supuesta defraudación fiscal de Aceros de Guatemala por alrededor de Q255 millones.

La investigación del MP sostiene que el 14 de marzo de 2012, la SAT presentó tres querellas contra le empresa Aceros de Guatemala, S.A, en las que señala a esa entidad de simular compraventa de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

“Por ejemplo, el hecho que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros que no fueron localizados por la SAT, y otros que estaban fallecidos”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana.

La pesquisa destaca que en agosto de 2012 Aceros de Guatemala obtuvo una resolución favorable del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala y se archivó el caso, pero el MP apeló esa decisión.

Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, incluidos dos intendentes, para alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres  denuncias.

El caso

La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción encabezada por los sindicados, Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Geovani Marroquín Navas, enlace de la estructura – vinculados en el caso La Línea -, para obtener la desestimación de tres querellas contra la empresa por Q255 millones 612 mil 266.82.

El objetivo de la estructura no solo era librar a la empresa Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.