Justicia

Empresas fueron inscritas con documentos falsos

La Contraloría General de Cuentas presentó el 8 de abril último una denuncia penal por falsedad en contra de los cuatro integrantes de la Comisión Calificadora del Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

Por Manuel Hernández

La querella señala que se cometieron los posibles delitos de falsedad material, falsedad ideológica y falsificación de documentos privados.

Los representantes legales de las empresas Kirios y Scavare también figuran en la denuncia, por haber autorizado la inscripción en aquel registro a estas firmas con documentos que carecen de certeza jurídica.

Los señalamientos alcanzan a Boris Adelso García Castillo —director del Registro—, Wilson Ismael López Méndez, Belinda Lemus Herrera y Carlos Enrique Morataya Reyes, quienes integran la instancia calificadora. Además, a Fredi Elcides Zúñiga, propietario de la empresa constructora Kirios, y Marlonn Estuardo Contreras Fernández, representante legal de Scavare.

La denuncia expone que el 11 mayo del 2015 la Junta Calificadora autorizó la inscripción en el Registro de Precalificados de Obras y asignó grupo y capacidad económica a la constructora Kirios, y la empresa Scavare fue inscrita el 20 de marzo de ese año, ambas con documentos aparentemente falsos.

La Comisión tenía entre sus funciones evaluar, calificar y resolver si procedía la inscripción de las empresas en el registro respectivo.

Kirios presentó en el expediente de solicitud de inscripción formularios para pago de impuesto sobre la renta (ISR) anual, periodo 2014, e impuesto al valor agregado (IVA) general de diciembre del 2014, los cuales no fueron emitidos en el sistema de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Presentaron facturas de compras de maquinaria, a nombre de Zúñiga, pero en los registros de las empresas que emitieron los documentos contables estos aparecen a nombre de otra persona. Un ejemplo es la factura serie B, número 776, de la firma Maqsa.

También se encontraron facturas emitidas por otras empresas, pero las firmas no fueron localizadas físicamente en las direcciones registradas en la SAT y en los documentos contables.

El 22 de mayo le fue adjudicada a Kirios una obra por parte del fideicomiso del Fondo Vial, por Q376 mil 546.

Empresa Scavare

La querella contra Scavare se presentó porque está presentó facturas por compra de maquinaria que no fueron emitidas por los proveedores. En los registros de las empresas, los documentos corresponden a otras personas. También hay facturas de compañías que no fueron localizadas físicamente y que no tienen registro de inscripción en la SAT.

Las firmas presentaron fotocopias de tarjetas de circulación de automotores a nombre de Scavare, y según los registros de la SAT, estos —un cabezal, dos camiones de volteo, una camioneta y un camión— están registrados a nombre de otra persona. Esta empresa no fue beneficiada con adjudicaciones en Precalificados.

Destituido jefe

El ministro de Comunicaciones, Aldo García Morales, informó que en el Departamento de Precalificados se han reportado irregularidades y desorden administrativo.

“Ahí se ha tenido bastante desorden. De ahí nace parte de la inquietud cuando se reforma la Ley de Contrataciones, para que ese registro pase al Ministerio de Finanzas, porque ha habido mucho desorden. Hemos hecho los cambios con el jefe de la División y esperamos tener para futuro una entrega bien ordenada para el Ministerio de Finanzas”, explicó García Morales.

El funcionario agregó que el director del Registro de Precalificados de Obras —García Castillo— fue destituido: “Es desorden administrativo el que existe en esa unidad, es muy probable que se hayan calificado empresas que no reúnen todas las condiciones o que no se encuentren todos los requisitos básicos para que una empresa compita. Lo que hemos hecho es cambiar a la persona”.

Trabajo conjunto

Entre los documentos de soporte que se presentaron en la denuncia hay varios oficios que solicitaron los auditores de la Contraloría a la SAT. Con el cruce de información entre ambas instituciones se logró determinar que los documentos estaban alterados y que pertenecían a otras personas.