Según la Fiscalía, Moto ha tenido “un interés en beneficio de los sindicados”.
La resolución controversial de este caso fue cuando Moto resolvió no enviar a juicio a nueve implicados, entre ellos la exjueza Martha Sierra de Stalling.
Moto basó su decisión entonces en que no existían indicios que relacionaran los cargos que el Ministerio Público (MP) hace en contra de los procesados con los hechos que fueron descritos en la acusación que se planteó, por lo cual consideró que no era posible que los sindicados afrontaran un debate ante un tribunal de sentencia.
Moto ordenó al órgano investigador que se archivaran los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Martha Sierra de Stalling.
Al servicio de corruptos
El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes acusados de corrupción.
Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias Chepito, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con “contactos” en el Organismo Judicial.
Moto también estuvo en el centro de polémica, cuando en enero último quitó al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano cinco delitos y lo benefició con una medida sustitutiva y a pagar una fianza de Q75 mil.
