Justicia

Juez Porras en manos de la Junta de Disciplina Judicial

La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial será la encargada de determinar si el juez segundo penal Darwin Porras, incurrió en alguna falta al efectuar a puerta cerrada la audiencia en la que benefició a la jueza Jisela Reinoso con arresto domiciliario.

Por Carlos Álvarez y Jerson Ramos

Jilesa Reinoso es señalada de enriquecimiento ilícito. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
Jilesa Reinoso es señalada de enriquecimiento ilícito. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

La Presidencia del Organismo Judicial remitió a la referida instancia un informe en el que detalla por qué Porras efectuó a puerto cerrada y sin público la audiencia en la cual benefició a su colega.

El 10 de diciembre último Reinoso, pagó una fianza de Q150 mil para recuperar su libertad luego que Porras efectuar una audiencia a puerta cerrada argumentando que no había espacio para los medios de comunicación.

Trascendió que fiscales del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), argumentaron al juzgador el porqué no debían otorgar la libertad condicional a la jueza, pero no tuvieron éxito.

El procedimiento indica que Porras debería ser citado a la junta y exponer los motivos por los cuales actuó de la forma objetada.





Proceso

El pasado 24 de septiembre, el juez Undécimo Penal Eduardo Cojulum, envío a prisión preventiva a Reinoso por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Ese día la procesada habló de la resolución del juez, dijo: "Es compresible, es su familia o yo, si se emite una resolución diferente a lo que ellos solicitan – CICIG –, se vendrían contra él. Nadie mete las manos al fuego por uno, lo comprendo y es una resolución que no es apegada a derecho".

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Reinoso habría recibido Q619 mil en efectivo sin que se conozca su procedencia.

Estos montos sobrepasan su capacidad económica producto de sus actividades como juzgadora y como docente en las universidades Rural y Mariano Gálvez, segú el MP.

Los recursos financieros que se presume sea de origen ilícito fueron utilizados para la adquisición de una vivienda ubicada en residenciales Los Lazos, Fraijanes, la cual fue comprada el 4 de abril de 2013.

El valor del inmueble es de Q2 millones 357 mil 439.70, de los cuales canceló Q775 mil 982 como parte del enganche. Quedó un saldo de Q1 millón 581 mil a través de un crédito hipotecario a 20 años.