Justicia

Jueza ordena cierre de área correccional

Menores permanecen en condiciones infrahumanas, según informe de la PDH.

Por Geldi Muñoz Palala

Los centros tienen seguridad perimetral a cargo de la Policía Nacional Civil y el Ejército, a excepción del lugar conocido como Gorriones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Los centros tienen seguridad perimetral a cargo de la Policía Nacional Civil y el Ejército, a excepción del lugar conocido como Gorriones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La jueza de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal, Verónica Galicia, resolvió el cierre temporal del área de  adolescentes que no pertenecen a pandillas del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa 2 (Cejupliv), en San José Pinula, debido a las condiciones infrahumanas en que se encuentran.

Según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de una supervisión que efectuó el 26 y 27 de julio pasados para atender las 40 denuncias recibidas del 2004 a julio de este año y las visitas del juzgado, en los cuatro centros de privación de libertad juveniles se vulneran los derechos de los menores.

Inhumano

En el caso específico del Cejupliv Etapa 2, las condiciones son peores, ya que los jóvenes duermen en el suelo, cerca del área de sanitarios, donde las heces están expuestas y los drenajes, colapsados.

Principales hallazgos

  • Los equipos técnicos no están completos, casi el 50% de las plazas están vacantes y es necesario tener  75% más de personal.
  • La capacidad de los reformatorios está rebasada, ya que pueden albergar a 550 personas y en la supervisión encontraron mil 77.
  • Los adolescentes tienen sarcoptosis y cuadros de diarrea debido a la alimentación y agua que consumen.
  • Hay centros con grupos de 12 a 16 adolescentes en un espacio aproximado de dos por dos metros, e incluso hasta 73 en un espacio de cinco por 15 metros.
  • Hay dormitorios  que podrían considerarse calabozos, celdas de castigo o de aislamiento.

Galicia afirmó que tomó esa medida a pesar de que le puede costar el cargo si al Ejecutivo no le agrada, pero lo hizo basada en la ley nacional y normativas internacionales, ya que se pretende la reinserción social de los menores que delinquen.

Según la resolución, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), a cargo de los reformatorios, tiene tres meses para reubicar a los menores, así como para contratar profesionales en Psicología, Pedagogía y Trabajo Social para que cada equipo técnico atienda a 30 adolescentes con terapias, orientación social y estudios.

Se deberá contratar a 10 monitores más en cada centro,  con la finalidad de brindar seguridad a los equipos técnicos.

La jueza ordenó que la  SBS y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses evalúen cada seis meses a los jóvenes, para tratar y prevenir enfermedades.

También pidió que en un plazo de un año se hagan reformas estructurales para reducir el hacinamiento, coordinar con el Ministerio de Educación las inscripciones en los ciclos lectivos que deban cursar los adolescentes en cualquier época y coordinar programas de prevención del conflicto con la Ley, entre otras medidas.

Llamado a morales

Galicia pidió al presidente Jimmy Morales que ordene la asignación de recursos económicos necesarios a la SBS para el cumplimiento de lo resuelto, y en caso de que no se disponga de estos, podría pedir donativos al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.  

En caso no se atienda la resolución en esos plazos, se certificará lo conducente al MP y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió.

Ábner Paredes, defensor de la Juventud, refirió que es necesario separar a los jóvenes que tienen medida provisional de los privados de libertad.

Comunicación Social de la SBS informó  ayer que las máximas autoridades se encontraban reunidas para hallar la manera de atender las resoluciones.

Añadieron que en las próximas horas se informará sobre lo decidido.