La acusación en su contra indica que entre junio del 2011 y octubre del 2013 laboró como contador de Juventina Ayala Pineda, una locataria del mercado, donde vendía comida, y que en ese tiempo también trabajaba como tesorero en el área financiera de la comuna.
Las investigaciones indican que Galván Miguel aprovechó la confianza de Ayala Pineda y utilizó de manera irregular varias facturas del negocio denominado Tienda y Venta de Antojitos Kimberly para obtener de manera irregular recursos de la municipalidad.
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Un infirme de la Contraloría General de Cuentas indica que, derivado de una auditoría efectuada en el periodo de enero del 2011 a diciembre del 2013, la comuna invirtió Q279 mil 171.20 en el referido comercio, lo cual se acredita con cheques emitidos a nombre de Ayala Pineda.
La víctima fue llamada por la Fiscalía a declarar por el hallazgo, pero explicó que desconocía los hechos porque no había entablado ninguna relación comercial con la Municipalidad o sus empleados.
En las pesquisas de determinó que los cheques, pese a haber sido girados a nombre de Ayala Pineda, eran cambiados por terceras personas, las cuales son trabajadoras de la comuna.
La agraviada también desconoció la firma que aparece en el reverso de los cheques, con lo cual se intentó acreditar que habría sido ella quien pidió a otras personas que los cambiaran.
Penas
La Ley contra la Delincuancia Organizada estipula que una persona que cometió abuso de autoridad puede ser sancionada con prisión de tres a sieis años inconmutables. También se estipula una pena de cárcel de cinco a 10 años por peculado por sustracción. Y por último se establece que por incumplimiento de deberes debe imponerse una condena de entre tres y seis años de prisión.
El Código Penal señala que la falsedad ideológica se castiga con prisión de entre dos a seis años de prisión. También existen otras sanciones como la inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos, y multas.
Por los referidos ilícitos, el sospechoso afronta una sanción de prisión de 21 a 28 años. Pero el MP puede solicitar la ampliación de los castigos, de acuerdo a los análisis del caso.
Denuncia
Después de conocer sobre los hechos, la agraviada hizo un análisis de los documentos contables de su negocio y determinó que varias facturas habían desaparecido y que a otras se les hizo modificaciones.
Denunció al órgano investigador que con sus facturas se habrían realizado transacciones irregulares de por lo menos Q175 mil 933.
Posteriormente le fue retirado el local que ocupaba en el mercado e integrantes del Concejo Municipal intentaron persuadirla para retirara la denuncia, lo cual consta en un video y en una gravación de audio, pruebas que ya fueron presentadas al Tribunal.
Sospechosos
Para la Fiscalía, los testigos Dolores Pérez López de Alonzo, Roberto Marcos Velásquez, Inelda Leticia Marcos Mejía y Manuel de Jesús Cruz Aceituno, trabajadores de la comuna, minitieron ante el Tribunal al haber negado que sean sus firmas las que aparecen en los cheques que fueron cambiados, por lo cual se solicitará que se ordene proceso en su contra por falso testimonio.
También se pedirá que el alcalde Álvaro Rolando Morales Sandoval sea investigado por abuso de autoridad, peculado por sustracción, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y conspiración.
En contra del funcionario existen dos solicitudes de antejuicio, con el fin de que pueda ser investigado por dos casos en los cuales figura como sospechoso. Un expediente se encuentra en la Fiscalía y refiere los hechos denunciados por Ayala Pineda, y en el otro se indica que habría cometido actos de corrupción en la administración de recursos para la construcción de un mercado. Se estima que en el 2009 se planificó la obra y ese mismo año se compraron los materiales, pero fue dos años después que se compró el terreno y que los trabajos no han concluido.
El órgano investigador también pedirá que se amplíe la investigación en contra de Galván Miguel por conspiración y lavado de dinero.
