Ligorría, que fue nombrado embajador en EE.UU. por Pérez Molina el 28 de agosto de 2013, un cargo que ocupó hasta 2015, fue detenido ayer en cumplimiento de una orden de detención, vigente desde julio.
La reunión de la que se le acusa se celebró en México con Carlos Slim, dueño de América Móvil, cuya filial guatemalteca es Telgua-Claro; Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para demostrar cercanía y atemorizar a la competencia, Tigo.
Julio Carlos Porras Zadik, exgerente de Telgua-Claro, condenado en junio por financiación electoral, dijo que el fin era aprovecharse de un litigio que ambas empresas mantenían y que se solucionó cuando la filial de Slim igualó a Tigo en sus contribuciones a la campaña del Partido Patriota (PP), que llevó al Gobierno a Pérez Molina, con un pago de 15 millones de quetzales (unos 2 millones de dólares).
Este pago supuestamente formaba parte de una estrategia “político-comercial” de Telgua diseñada por Ligorría para tratar de resolver el litigio con Tigo, que le reclamaba a la filial de Slim 400 millones de dólares desde 1998.
Al parecer, Telgua contrató “los servicios de Ligorría”, que fraguó la reunión a alto nivel en México e hizo divulgar las fotos de la misma por las redes sociales, lo que pronto provocó que Tigo, que veía acercamiento con los futuros gobernantes (Pérez Molina y Baldetti), solicitara una reunión para llegar a un acuerdo con la empresa de Slim.
El de 2 de septiembre de 2011, menos de un mes después del encuentro, Telgua y Tigo “firmaron un contrato de transacción y finiquito del litigio por los 400 millones de dólares” y se solucionó el problema de Telgua “financiando al Partido Patriota“, según las primeras pesquisas.
El caso de Ligorría forma parte de la financiación ilegal del Partido Patriota en 2011, que se fraguó en empresas relacionadas con el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, prófugo de la Justicia por varios casos de corrupción.
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Extradición
El Ministerio Público (MP) informó que están preparando el documento formal para solicitar la extradición del exembajador Ligorría, con el detalle de las investigaciones, las cuales lo sindican de financiamiento electoral ilícito para la campaña del Partido Patriota.
Julia Barrera, portavoz del MP, dijo que tienen 30 días para presentar la solicitud de Extradición, trámite que se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que, según el acuerdo entre las dos naciones, existe un plazo de 30 días, después de la captura, para completar los procedimientos.
Mientras tanto, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, opinó que la decisión del juzgado de España de otorgar libertad a Ligorría es algo normal. “Es lo normal porque buscan asegurar la presencia de la persona en lo que se gestiona su extradición”, dijo Sandoval.
Agregó que no ven que pueda existir algún tipo de riesgo con la medida dictada a Ligorría, porque es un procedimiento normal en España.
